Hasta el momento cultivaron un perfil bajo, requirieron algo de información interna (lo esperable para poder cumplir la función que les fue asignada) y ninguno exigió que le montaran una oficina o una estructura propias ni reclamó nombramientos en alguna gerencia. Eso sí: por el solo hecho de representar al Gobierno en reuniones de frecuencia mensual o trimestral se ganaron el derecho a cobrar honorarios de hasta 140.000 pesos anuales.

Según pudo saber el diario La Nación, son los directores -ocho, hasta el momento- que la Anses nombró en las empresas privadas en las que, luego de la estatización de las AFJP, acumuló suficiente participación accionaria como para hacer oír su voz. Fueron propuestos por el director del organismo previsional, Amado Boudou, aunque en algunos casos el nombre habría sido elegido en los despachos del Ministerio de Planificación, según relataron fuentes relacionadas con las empresas y reconocieron en el Gobierno.

LA NACION consultó a seis de esas ocho empresas en las que conviven la propiedad estatal con la privada. En su mayoría son firmas de servicios públicos (las distribuidoras Gas Natural Ban y Distribuidora de Gas Cuyana, la transportadora TGS y las generadoras de energía eléctrica Endesa Costanera y Sadesa), aunque también hay un banco (Macro), una siderúrgica (Siderar, controlada por el grupo Techint) y una desarrolladora inmobiliaria (Consultatio).

Como era de esperar, por el peso de la compañía que le tocó, el que obtendrá mayores beneficios por defender los intereses del Estado en las empresas será Aldo Ferrer, el economista cuyo nombramiento en Siderar fue acordado un "candidato de consenso", luego de que empresa y Gobierno no pudieran ponerse de acuerdo. Como uno de los once directores de la compañía, tendrá derecho a percibir 140.000 pesos anuales, menos impuestos.

Como en el resto de los casos, se trata de los honorarios correspondientes a un director que no tiene funciones ejecutivas.

Otra empresa que garantiza un buen pasar a los cinco miembros de su directorio es Consultatio, la firma de Eduardo Costantini. Este año, la asamblea aún no resolvió los honorarios, pero se estima que será algo por encima de los 100.000 pesos al año aprobados el año pasado. El elegido de Boudou, en este caso, fue Teófilo Meana, un funcionario de carrera de la Anses.

Fuentes de la empresa dijeron que, aunque no contaba con experiencia de relevancia en el negocio inmobiliario, el nuevo director "llegó con espíritu de colaboración".

En otros casos, los haberes por cumplir esa función serán algo menores. Los directorios de otras empresas han aprobado sueldos de entre 3000 y 6000 pesos, e incluso pueden estar sujetos a la condición de que la compañía obtenga ganancias. Por ejemplo, en Endesa Costanera (adonde fue enviado Simón Dasensich, ex presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba), los directores no han percibido honorarios por esa función durante los dos últimos ejercicios.

Voceros de la Anses defendieron los nombramientos: "Fueron seleccionados por un criterio de idoneidad con lo que van a hacer y por la confianza que les tienen las autoridades". Indicaron que "la directiva que tienen es velar por la plata que está invertida ahí", y que para el organismo es importante contar con un director que pueda advertirle si alguna de las decisiones que se toman puede poner en riesgo el valor de los activos que administra la Anses.

En la oposición, esta situación suscitó algunos cuestionamientos. "Me imagino que lo que cobren esos directores debería ir a los jubilados y no al bolsillo del director. Si no, lo que hay que hacer es ser amigo de Boudou para que te designen y te paguen 100.000 pesos por año", dijo el diputado de Pro Julián Obiglio, que recordó que las AFJP (compradoras originales de las acciones que hoy tiene el Estado) "no tenían directores ni pretendían meterse en el negocio de esas empresas".

Desde la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez evitó pronunciarse sobre el tema de la remuneración de los directores, pero insistió en que el criterio para nombrarlos "debería ser la idoneidad y no la afinidad política".