20 de abril de 2024
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Río Gallegos: Iglesia denunció "mafia" y trata de mujeres
El obispo del lugar reveló que varias chicas, entre ellas adolescentes, se encuentran privadas de su libertad en prostíbulos de Santa Cruz
29 de abril de 2009
El obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, denunció el tráfico y la trata de mujeres en Santa Cruz, sobre todo en esa ciudad. Precisamente la Pastoral de Migraciones, que integra monseñor Romanín, apoyó una investigación realizada por La Alameda, una fundación que combate la trata de mujeres.
Ese trabajo relizado en los cabarets-burdeles de las dos manzanas conocidas como Las Casitas —casas de tolerancia, eufemismo por prostíbulo— revelan que las chicas, varias de ellas adolescentes, se encuentran privadas de su libertad.
Hoy, Gustavo Vera, de La Alameda, acompañado por representantes de varios credos, presentará la denuncia ante el procurador general de la Nación, y pedirá asistencia para las víctimas al ministro de Justicia. Clarín tuvo acceso a la denuncia y al video adjunto.
"Estamos hablando de abuso sexual, abuso laboral, tráfico de personas, drogadicción y alcohol", señaló Romanín. En diálogo con Clarín dio precisiones: "Las Casitas es la pantalla visible, pero Río Gallegos también tiene otros lugares —whiskerías—, donde el modus operandi es el mismo. El marco de la prostitución ilegal es enorme: ésta es una zona de mucha soledad, de trabajos petroleros y en el campo. Pasa lo mismo en Ushuaia, en El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno, y en las ciudades de la costa".
La cooperativa y fundación La Alameda viene combatiendo desde hace tiempo el trabajo esclavo y la explotación sexual. En febrero pasado, tres voluntarios estuvieron en Las Casitas y, por primera vez, documentaron con cámara oculta las denuncias de la Iglesia.
Se trata de 35 locales no habilitados (figuran como domicilios particulares), que tienen alternadoras. Se acepta tarjeta de crédito para pagar los 50 pesos de una lata de cerveza, y de 70 a 80 más si se invita a la chica, con derecho al manoseo, contó Miguel (un nombre ficticio), quien participó en la investigación.
El "pase" por servicios sexuales cuesta 150 pesos los 15 minutos, 300 pesos por media hora, y de 500 a 600 la hora. Pero las chicas no ven un centavo, ya que ni siquiera pueden ir a comprar cigarrillos. "Mientras no reciba orden de mi papá, no puedo salir", confiesa una menor captada en Formosa.
Están disponibles de 23 a 5 de martes a jueves, y hasta las 8 de viernes a domingo. "Aquí viene la Policía a las 8 a cerrar", cuenta una chica. En efecto, a esa hora los jóvenes de La Alameda vieron llegar los patrulleros. Y en "Venus", quien entró y se acercó a la madama Blanca Moyano fue un hombre que, según los denunciantes, sería el jefe de Policía de Santa Cruz.
Pese a que la ley 12.331 prohíbe los prostíbulos y castiga a proxenetas y madamas, no se trata de nada oculto: los horarios de cierre constan en un acuerdo firmado en 2007 entre los dueños de los burdeles y la comuna. Además, las chicas deben mantener una libreta sanitaria al día, con análisis y controles ginecológicos periódicos en el moderno hospital local.
En setiembre pasado, la Municipalidad intentó encuadrarlos como cabarets clase C, pero los dueños se negaron con gran escándalo: "Quieren cobrar impuestos para algo que no está permitido, como la prostitución", dijo Mario Guerrero, propietario de un burdel.
La mayoría confiesa haber sido engañadas con falsas promesas laborales. "Son fumadoras compulsivas y a las 6 de la mañana están todas borrachas. 'Si el cliente quiere tomar (cocaína), yo tengo que tomar', me dijo una chica. En muchas se notan los moretones en piernas, pechos y brazos —señaló Julián—. En esos días las vimos con la misma ropa, sucia, y el pelo con olor a grasa. Limpian y viven allí: son esclavas".
"Aquí se maneja mucho dinero, hay mucha mafia —afirmó el obispo—. El tráfico de personas es un delito aberrante. Hay que salvar la dignidad de estas personas, sobre todo las víctimas. Es un grito muy grande, pero también silenciado".
Ese trabajo relizado en los cabarets-burdeles de las dos manzanas conocidas como Las Casitas —casas de tolerancia, eufemismo por prostíbulo— revelan que las chicas, varias de ellas adolescentes, se encuentran privadas de su libertad.
Hoy, Gustavo Vera, de La Alameda, acompañado por representantes de varios credos, presentará la denuncia ante el procurador general de la Nación, y pedirá asistencia para las víctimas al ministro de Justicia. Clarín tuvo acceso a la denuncia y al video adjunto.
"Estamos hablando de abuso sexual, abuso laboral, tráfico de personas, drogadicción y alcohol", señaló Romanín. En diálogo con Clarín dio precisiones: "Las Casitas es la pantalla visible, pero Río Gallegos también tiene otros lugares —whiskerías—, donde el modus operandi es el mismo. El marco de la prostitución ilegal es enorme: ésta es una zona de mucha soledad, de trabajos petroleros y en el campo. Pasa lo mismo en Ushuaia, en El Calafate, Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno, y en las ciudades de la costa".
La cooperativa y fundación La Alameda viene combatiendo desde hace tiempo el trabajo esclavo y la explotación sexual. En febrero pasado, tres voluntarios estuvieron en Las Casitas y, por primera vez, documentaron con cámara oculta las denuncias de la Iglesia.
Se trata de 35 locales no habilitados (figuran como domicilios particulares), que tienen alternadoras. Se acepta tarjeta de crédito para pagar los 50 pesos de una lata de cerveza, y de 70 a 80 más si se invita a la chica, con derecho al manoseo, contó Miguel (un nombre ficticio), quien participó en la investigación.
El "pase" por servicios sexuales cuesta 150 pesos los 15 minutos, 300 pesos por media hora, y de 500 a 600 la hora. Pero las chicas no ven un centavo, ya que ni siquiera pueden ir a comprar cigarrillos. "Mientras no reciba orden de mi papá, no puedo salir", confiesa una menor captada en Formosa.
Están disponibles de 23 a 5 de martes a jueves, y hasta las 8 de viernes a domingo. "Aquí viene la Policía a las 8 a cerrar", cuenta una chica. En efecto, a esa hora los jóvenes de La Alameda vieron llegar los patrulleros. Y en "Venus", quien entró y se acercó a la madama Blanca Moyano fue un hombre que, según los denunciantes, sería el jefe de Policía de Santa Cruz.
Pese a que la ley 12.331 prohíbe los prostíbulos y castiga a proxenetas y madamas, no se trata de nada oculto: los horarios de cierre constan en un acuerdo firmado en 2007 entre los dueños de los burdeles y la comuna. Además, las chicas deben mantener una libreta sanitaria al día, con análisis y controles ginecológicos periódicos en el moderno hospital local.
En setiembre pasado, la Municipalidad intentó encuadrarlos como cabarets clase C, pero los dueños se negaron con gran escándalo: "Quieren cobrar impuestos para algo que no está permitido, como la prostitución", dijo Mario Guerrero, propietario de un burdel.
La mayoría confiesa haber sido engañadas con falsas promesas laborales. "Son fumadoras compulsivas y a las 6 de la mañana están todas borrachas. 'Si el cliente quiere tomar (cocaína), yo tengo que tomar', me dijo una chica. En muchas se notan los moretones en piernas, pechos y brazos —señaló Julián—. En esos días las vimos con la misma ropa, sucia, y el pelo con olor a grasa. Limpian y viven allí: son esclavas".
"Aquí se maneja mucho dinero, hay mucha mafia —afirmó el obispo—. El tráfico de personas es un delito aberrante. Hay que salvar la dignidad de estas personas, sobre todo las víctimas. Es un grito muy grande, pero también silenciado".