La polémica por la ley de radiodifusión argentina cruzó las fronteras.

En una columna de opinión del diario The Wall Street Journal, la periodista Mary Anastasia O'Grady sostuvo que si el gobierno pierde las elecciones, "los Kirchner aumentarán sus esfuerzos para amordazar a la prensa" al igual que en Venezuela.

En ese sentido, advirtió sobre el peligro que entraña un juicio por calumnias e injurias que la SIDE inició al diario La Nación y el proyecto de radiodifusión oficial.

Luego de recordar el manejo discrecional de la publicidad oficial, afirmó el diario La Nación "molesta obviamente a los Kirchner. Por ello es que el gobierno sacó el mazo. El director de la secretaría de inteligencia de estado (SIDE) presentó dos acciones penales contra Bartolomé Mitre, el director de este diario, y Julio Saguier".

"Se los acusó de difamación por publicar dos editoriales que cuestionan las actividades políticas de la agencia de inteligencia y su director", añadió.

Después, agregó que "de algún modo, ambos casos están en manos del mismo juez -a pesar de que las chances de que ésto pase son remotas- y éste permitió que ambos casos prosperaran a pesar de que el año pasado la Corte Suprema dictaminó que las opiniones que critican a funcionarios públicos no pueden ser materia para acciones penales o civiles... De ser hallado culpable en ambos casos, el acusado recibiría tres años de cárcel", subrayó.

Por otra parte, opinó que "el gobierno sacó también una nueva ley de radiodifusión que, de ser aprobada, anulará la libertad de los medios".

Explicó, según informó el diario Clarín, que la iniciativa del Gobierno "reservará nada más que un tercio del campo de la radiodifusión al sector privado. Un tercio serán transmisiones del estado y otro tercio será para organizaciones no gubernamentales elegidas por el estado".

Más adelante, indicó que "no está claro cómo se van a asignar las licencias pero durarían nada más que 10 años y se podrían renovar nada más que una vez".

Y finalizó diciendo: "algunas empresas periodísticas que operan en la actualidad no serían aptas para competir. La ley no menciona la libertad de prensa y las autoridades no pidieron el comentario de la industria".