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Los juicios por mala praxis médica aumentaron 22 %
Cada demanda ronda los $ 550 mil. Médicos y prestadores advierten sobre la proliferación de una "industria del juicio" que termina perjudicando a los pacientes
16 de agosto de 2009
La "industria del juicio" pone en jaque a los casi 200 mil médicos que se desempeñan en la Argentina, ya que las demandas contra profesionales de la salud aumentaron 22 por ciento en el período 2008-2009 y cada uno de los litigios de este tipo que se inician anualmente en el país promedia los 550 mil pesos.

Todos los años se presentan unas 700 demandas por mala praxis -la mayoría aprovechando el beneficio de litigar sin gastos en estos casos-, de las cuales sólo el 20 por ciento llega a una condena, pero igual obligan a profesionales y centros de atención a contratar seguros cada vez más onerosos con fuerte incidencia en los costos del sector, advirtieron las entidades nucleadas en la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).

Se estima que esta "industria del juicio" ya implicó un costo adicional de unos 6.000 millones de pesos para el sistema de salud, desde que se comenzó a fomentar en los ’90, lo cual resta recursos para brindar mejores prestaciones y dotar de mayor
equipamiento a los centros de salud, concluyó un informe elaborado por ACAMI.

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la actualidad uno de cada 5 médicos -alrededor de 40 mil profesionales de la salud- enfrenta una demanda por responsabilidad civil profesional y gran parte tiene contratado al menos un seguro mínimo para tratar de protegerse ante posibles demandas sostienen desde el sector.

La problemática será uno de los ejes del XII Congreso Argentino de Salud, que ACAMI realizará el 10 de septiembre próximo en Ushuaia, con la presencia de especialistas de distintas disciplinas y la participación de autoridades y referentes del sector.

ACAMI, la entidad organizadora del Congreso, nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, OSDE y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones del sistema de salud.

"El sistema de salud y la Justicia en los reclamos" -panel de cierre de ese encuentro nacional- será coordinado por el neurocirujano Horacio Dillon, y tendrá como expositores a Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor; y el doctor
Ricardo Li Rosi, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil entre otros.

La Argentina es uno de los países donde se inician más demandas por mala praxis en Latinoamérica, y el 60% de los reclamos se concentran en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Además, la Justicia concede la mayoría de los recursos de amparo que se presentan, a pesar de que, en la actualidad, el 90 por ciento no deriva en una sentencia condenatoria.

La Superintendencia consultó a más de 200 obras sociales sobre la existencia de este tipo de pleitos y comprobó que más de 70 de ellas, que representan a casi el 80% del total de afiliados, debían enfrentar conflictos legales.

Para el especialista Tomás Sánchez de Bustamante –quien también expondrá en el Congreso-- la litigiosidad lleva a los médicos a aplicar una estrategia de "medicina defensiva", es decir, prescribir más estudios que los necesarios para cubrirse ante
cualquier eventualidad.

"En la Argentina las organizaciones médicas se encuentran en una situación de inequidad, ante la elevada litigiosidad y los fuertes gastos que ésta genera para el sector de la salud, ya que los demandantes pueden litigar sin gasto y en cambio, los
demandados deben desembolsar fuertes sumas para enfrentar un juicio, inclusive si resultan inocentes", graficó Sánchez de Bustamante.

Las demandas por mala praxis crecieron en las últimas décadas: hasta 1953 sólo había 3 presentaciones de ese tipo en toda la historia judicial argentina, y en 1958 la cifra se elevó a 8.

A partir de los ‘60 la litigiosidad comenzó a incrementarse y en la actualidad, sólo en Capital Federal, se presentan alrededor de 550 demandas por mala praxis por año, casi tres demandas por cada día hábil en la justicia.

Sólo en la década del 90 las demandas por mala praxis médica aumentaron 10 veces, según un trabajo difundido de la Fundación Isalud.

Las consecuencias para los médicos –en un fenómeno que ahora amaga con extenderse a la enfermería, como ocurre en Estados Unidos-, al ser demandados, se reflejan en su salud, a tal punto que ya existe una enfermedad denominada "síndrome de la mala
praxis", con evidencia de lesiones físicas y psicológicas,advirtieron directivos de la Asociación Médica Argentina.

Por eso, desde ACAMI proponen reformas legales como "reducir de 10 a 2 años el plazo para iniciar las demandas, acotar el beneficio de litigar sin gastos, ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos oficiales, limitar los montos indemnizatorios con
tope y otorgar obligatoriedad al informe técnico científico".

"De acuerdo con proyecciones sectoriales, el rubro llegará al 2% del gasto total de salud en el 2010, con efectos negativos en los costos y la calidad de las prestaciones médicas", según el presidente de ACAMI, Marcelo Mastrángelo.

Mastrángelo explicó que "aunque la sentencia favorezca al demandado, en general la Justicia determina que el profesional o el centro asistencial debe abonar el 50 por ciento de las costas del juicio".

En la mayoría de los casos esos costos superan el 20 por ciento del monto total de la demanda, por lo que, en el caso de un pleito iniciado por medio millón de pesos, el médico o la clínica deberán abonar igual unos 50 mil pesos -la mitad de las costas-, a pesar de haber ganado el juicio, explicó el titular de ACAMI.

Según datos del sistema judicial, sólo uno de cada tres juicios se inicia contra un médico; los otros dos, contra prepagas y obras sociales.

Las especialidades que soportan el mayor número de demandas judiciales son Traumatología, Obstetricia, Cirugía general, Clínica médica, Anestesiología y Odontología.

Los prestadores temen que las denuncias contra quienes ejercen la medicina "se multipliquen por cinco a lo largo de esta década, considerando que en los últimos diez años las acciones judiciales por mala praxis médica aumentaron diez veces, y son responsables de la quiebra de numerosas clínicas y obras sociales, el retiro del mercado de algunas aseguradoras y la disminución de recursos en el sistema de salud, según ACAMI.