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Proyecto polémico
En la provincia de Buenos Aires quieren evitar la prisión en delitos que no superen los seis años de condena para descomprimir los expedientes acumulados. No alcanza a los robos con armas, pero sí a arrebatos, estafas y asaltos con golpes
7 de octubre de 2006
Otra vez la legislación argentina parece encaminarse a dar un salto al vacío.

El Senado bonaerense, con escaso tino, acaba de votar un polémico proyecto que sólo servirá para alentar más los robos, según advierten diversos especialistas.

Con la excusa de descomprimir los expedientes judiciales que se apilan por la burocracia y la ineficiencia de la Justicia, el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto que propone que los acusados de ciertos casos de robos, hurtos y estafas puedan eludir la posibilidad de una condena cumpliendo con trabajos comunitarios.

El Senado provincial ya dio media sanción a la nueva norma y ahora serán los diputados quienes tendrán que debatirla.

El proyecto fue elaborado por la senadora Mónica Litza (PJ) y crea un nuevo sistema de probation —suspensión del juicio a prueba— para la provincia de Buenos Aires.

Lo que propone es que este beneficio se pueda conceder en todos los expedientes que tramita la Justicia Correccional de la provincia. Estos son, los que tienen una pena máxima de hasta seis años de prisión. Las normas vigentes hasta hoy, en cambio, limitan el sistema a los delitos con pena máxima de hasta tres años.

Si la modificación se convirtiera en ley, en la lista de delitos que podrían entrar en el sistema de probation aparecerían, por ejemplo, todas las formas de hurto (como cuando alguien "levanta" un auto estacionado en la calle o un "pungueo"), de robo simple (un ladrón que se mete en una casa vacía, un arrebatador o uno que golpea a una persona para sacarle la bicicleta) y de estafa (en todas sus formas, como entregar un cheque sin fondos), entre otros.

Se excluirían aquellos que tienen penas accesorias como la inhabilitación (tales como los homicidios culposos).

Delitos aún más graves, como el robo con armas, también quedarían fuera de esta posibilidad. Lo mismo ocurriría con los reincidentes y los funcionarios públicos, según aclara especialmente el proyecto de ley.

El objetivo de la iniciativa es "descomprimir la abrumadora tarea que afecta a los distintos actores de los procesos penales", según Litza.

"Buscamos que el sistema judicial tenga las herramientas que le permitan dar prioridad a las cuestiones graves o que afecten los bienes más sensibles. Y también que aquellas personas que incurrieron en delitos de menor gravedad puedan reencauzar útilmente su vida", agregó la senadora.

En distintos medios, Litza señaló que la propuesta tenía el apoyo del ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, del presidente de la Corte Bonaerense, Francisco Roncoroni, entre otros. Consultados por Clarín, sus voceros desmintieron esto.

"El proyecto no tiene ningún aval de la Corte. Es más, lo desconocemos", señalaron fuentes cercanas a Roncoroni. Altas fuentes del gobierno provincial, en tanto, explicaron: "Se había hablado de que esto iba merecer un debate mucho más amplio. La sanción en el Senado fue sorpresiva y no estamos de acuerdo. Por ahora el Gobierno se opone, esto se reanalizará en Diputados".

Con oposición o sin ella, en la práctica lo que establece el proyecto es una reforma al artículo 404 del Código de Procedimientos provincial. Los procesos judiciales incluidos en el sistema se suspenderían —es decir, no se llegaría a sentencia— a cambio de que el acusado aceptara cumplir con tareas comunitarias.

El control de esas tareas quedaría en manos de los jueces correccionales (y no de los jueces de Ejecución Penal, ya sobrecargados). Antes, debería mediar un acuerdo entre las partes y un pedido del fiscal al juez Correccional, quien tendría que dar su aprobación en cada caso.

"Así se ahorra tiempo, recursos y esfuerzos de los funcionarios para la resolución de casos menores", explicó a Clarín la senadora Litza. "Queremos sentar el sentido de oportunidad: qué delitos van a juicio y cuales pueden tener una conclusión alternativa.

Según datos oficiales, casi el 22% de las denuncias que ingresan a la Justicia penal es por hurto. Los robos representan un tercio de los casos que llegan a los Tribunales, aunque la mayoría tiene algún agravante (lo cual los deja afuera de este eventual nuevo beneficio). "En seis meses se reduciría en un 40% el caudal laboral en las fiscalías y juzgados", señaló el fiscal de juicio de La Plata, Rubén Sarlo.