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Fuertes posiciones en el debate y acusaciones con chicanas
Gerardo Morales, de la UCR, cuestionó duramente a la senadora correntina que cambió su voto y habló de "cohecho". Como casi toda la oposición, pidió cambios en el proyecto
9 de octubre de 2009
En un clima tenso por las sospechas que generaron en las últimas horas los cambios de voto intempestivos y las acusaciones de la oposición, el Senado se aprestaba esta noche a aprobar en general la Ley de Medios Audiovisuales, tras más de 13 horas de debate, con los votos del kirchnerismo y aliados.

La definición se estaba por tomar, en momentos en que afuera del Congreso, un acto de organizaciones ligadas al oficialismo se desarrollaba en medio de un clima festivo.

Luego de que el oficialismo garantizara el quórum, la reunión, presidida por el titular del cuerpo, Julio Cobos, se inició a las 10:33 con un minuto de silencio en homenaje a Mercedes Sosa.

El debate de la Ley de Radiodifusión se desarrolló con encendidos discursos, aunque hasta el momento los oradores se mantuvieron en la línea de pensamiento esperada y no hubo sorpresas.

El oficialismo espera contar con más de 40 senadores para la sanción en general del proyecto que hace tres semanas fue aprobado en la Cámara de Diputados.

La oposición, conformada por radicales y sus aliados, más el interbloque Federal, de justicialistas disidentes y partidos provinciales, confían en conseguir el apoyo de oficialistas críticos para cambiar varios artículos de la propuesta.

Los números iniciales dan cuenta de una considerable ventaja del bloque kirchnerista en la votación general del proyecto, que en su mejor momento podría alcanzar las 44 manos alzadas, contra 26 de la oposición, una diferencia que se reduciría drásticamente en la discusión en particular.

Junto al bloque del Frente para la Victoria votarán a favor en general, los oficialistas que firmaron en disidencia el dictamen mayoritario, la radical correntina María Dora Sánchez y el bussista Carlos Salazar, quien luego rechazará varios artículos; ambos casos generaron una fuerte polémica.

La seguridad jurídica y el control estatal desataron los principales cruces. Y la conformación de la autoridad de aplicación también generó un duro intercambio.

Pero el reclamo fundamental de los opositores y hasta del oficialista Guillermo Jenefes fue que la Cámara alta actúe en su rol de revisora y acepte cambios.

"Está en juego el rol del Senado", lanzó el salteño Juan Pérez Alsina, del partido Renovador en una crítica a la intención del oficialismo de sancionar la norma sin cambiar una coma.

En el primer tramo del debate, Jenefes, oficialista y titular de la comisión de Comunicación, reclamó que el Senado efectivamente actúe como Cámara revisora de lo aprobado en Diputados. Y pidió que se garantice la "seguridad jurídica".

Envuelto en polémica por el paso del proyecto en el plenario de comisiones, ya que firmó el dictamen de mayoría en disidencia sin impulsar cambios, Jenefes aseguró que hará "observaciones" a la ley.

También realizó duras críticas a los medios de comunicación y a la oposición en la Cámara baja, por "levantarse de las bancas y no dar el debate".

"Debemos respetar los derechos adquiridos a la luz de los derechos que otorgaba la legislación vigente", planteó. También pidió mejoras en la autoridad de aplicación y en el régimen de sanciones y de caducidad de licencias.

Y sostuvo que es "excesivo" el rol de la ley en materia de contenidos.

La senadora María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, hizo especial hincapié en la conformación de la autoridad de aplicación y afirmó que es "cambiar para que nada cambie". Reclamó que sus miembros deban tener el aval del Congreso y que haya pautas de "idoneidad" para su elección. Desde el oficialismo salieron a responderle que el esquema de mayoría para el Estado es usual en la mayoría de los países.

Poco antes, el santafesino Carlos Reutemann fue muy duro con la iniciativa oficialista: afirmó que "viola principios constitucionales".

Y disparó, durante su exposición en la Cámara alta: "Hay un claro menoscabo del derecho de propiedad. Queremos una ley que no afecte al federalismo y respete las garantías constitucionales".

En tanto, el santiagueño Emilio Rached, del Frente Cívico, también apuntó contra las consecuencias jurídicas de la norma. "Esta ley les va a dar mucho trabajo a abogados, jueces y a la Corte", concluyó.

El comienzo del debate había quedado en manos del ultrakirchnerista Nicolás Fernández, quien anticipó la postura oficialista, apuntando a la discusión en particular tras la votación en general. Así, defendió puntualmente los artículos más polémicos.

Y habló de generar "pluralidad", algo repetido por las voces oficialistas que le siguieron.

Consideró que la ley "no regula contenidos". Y sostuvo que es "un disparate decir que esta ley da un año para desinvertir" a los licenciatarios de medios audiovisuales. El senador K argumentó que la autoridad de aplicación da garantías de transparencia también en ese aspecto. Es otro de los puntos más cuestionados.

En el kirchnerismo hay confianza. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se animó a dar números optimistas: estimó que el oficialismo alcanzará a completar la sanción con "entre 40 y 42 votos" para la aprobación en general y "entre 38 y 39" para la sanción en particular.

La sesión estaba convocada originalmente para las 10, pero la chicharra sonó cerca de media hora hasta que el kirchnerismo logró que 37 senadores se sentaran en sus bancas. La discusión en general puede durar más de 12 horas, con un plus de unas 3 horas para el debate del articulado en particular.

El ambiente ya tenso desde del debate en Diputados se enrareció en las últimas horas tras conocerse el abrupto cambio del voto de dos opositores que habían anunciado su rechazo a la ley y ahora votarán a favor.

El más escandaloso es el caso de la cobista correntina María Dora Sánchez, cuyo viraje quedó envuelto en sospechas de estar ligado a la muerte de un empresario vinculado al gobernador provincial Arturo Colombi.

El otro es el del bussista tucumano Carlos Salazar, que de todos modos anticipó que hará objeciones a algunos artículos.