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25 de abril de 2024
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Ordenan reincorporar a un funcionario echado por Kirchner
Eduardo Sosa fue procurador por Santa Cruz. Hace 14 años Néstor lo echó. Hoy la Justicia le dio la razón. El gobernador actual tiene 30 días para devolverle su puesto
21 de octubre de 2009
La Corte Suprema de Justicia le ordenó al gobernador de Santa Cruz que restablezca en su cargo a Eduardo Sosa, quien fuera procurador general de esa provincia hasta 1995, cuando fue desplazado por Néstor Kirchner. Desde entonces, Sosa inició una serie de reclamos en la Justicia, que se expidió varias veces a su favor.

Según el sitio web de la Corte, el gobernador Peralta debe cumplir con la sentencia dentro de los próximos 30 días, bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia penal para que investigue la eventual comisión de un delito de acción pública.

El fallo lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Consultado por Clarín.com, Sosa se mostró muy contento con la noticia. "Me parece que es un fallo muy importante, un límite al abuso del poder y una manera de que vivamos en un estado de derecho", sostuvo.

El conflicto arrancó en septiembre de 1995, durante la gobernación de Kirchner, cuando la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley que desdobló en dos el cargo de procurador. A Sosa no lo designaron en ninguno de los dos y lo dejaron cesante. Los amigos del ex procurador sostienen que fue un castigo por haber impulsado la investigación sobre los honorarios que recibió un estudio de abogados por su gestión en el cobro de las millonarias regalías petroleras mal liquidadas.

A partir de su desplazamiento, Sosa comenzó a reclamar la inconstitucionalidad de la ley que lo había dejado sin cargo. Sosa llegó hasta la Corte Suprema, que ya sacó tres fallos a su favor. En el último, del 2 de octubre de 2001, ordenó "restituir al actor en el cargo de Procurador General con las funciones que ejercía antes de la sanción de la ley 2.404 dentro del plazo de treinta días de notificada la presente". El 31 de agosto de 2004, ya durante el gobierno de Kirchner, la Corte sostuvo que "no se advierte un supuesto de denegación de justicia".