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Investigan a Cristina por tener una consultora privada
El juez Martínez de Giorgi investiga si la Presidenta incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Cristina maneja El Chapel SA
5 de enero de 2010
El 2010 para la presidenta Cristina Kirchner no comenzó tan bien como finalizó el 2009. En los últimos meses comenzó una nueva causa penal que la involucra de lleno: su actividad en la empresa El Chapel SA, que creó en 2007 junto con su familia para brindar servicios de consultoría financiera y de inversión.

Quien lleva adelante la investigación es el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que ahora espera el resultado de las primeras medidas de prueba que ordenó para determinar si la Presidenta incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La comprobación de tal delito prevé una pena de reclusión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", según informó La Nación.

En noviembre del año pasado el fiscal federal Federico Delgado realizó un requerimiento de instrucción para que se investigara a los dueños de El Chapel: Cristina, su marido Néstor Kirchner y el hijo de ambos y titular de la compañía, Máximo. La semana pasada el juez ordenó las siete diligencias solicitadas hasta el momento.

La Justicia ordenó una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) de copias del legajo societario de la empresa El Chapel y un pedido al Registro Público de Comercio de Río Gallegos de "todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner". Ellos son -según advirtió el fiscal en su requerimiento- quienes se encargarían de los negocios del ex presidente Néstor Kirchner. Sus oficinas están en Alcorta 76, Río Gallegos, domicilio de El Chapel.

Víctor Manzanares es el contador de los Kirchner y fue quien firmó las declaraciones juradas del matrimonio presidencial. También intervino como perito de parte en el peritaje sobre el patrimonio de la Presidenta y su marido. Ese trabajo fue la base para el juez Norberto Oyarbide que los sobreseyó en la causa por enriquecimiento ilícito.

Martínez de Giorgi pidió además a la Oficina Anticorrupción (OA), que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, un informe sobre si es compatible que los acusados tengan una consultoría y, al mismo tiempo, sean funcionarios públicos. La oposición política ya pidió la renuncia de Cristina a su cargo de directora suplente en la compañía.

Sobre el tema la Oficina Anticorrupción ya se pronunció, aunque nunca antes frente a la Justicia. En agosto pasado el titular Julio Vitobello resolvió que la Presidenta podía conservar su cargo de directora suplente de la empresa siempre y cuando no lo ejerciera, para evitar que sus intereses privados entraran en conflicto con los que debe defender como primera mandataria.