Hoy podría develarse si la economista Marcedes Marcó del Pont será finalmente la titular del Banco Central. Esto también develaría otra interna: quién ganará la pulseada esta vez: el kirchnerismo que cuenta, or ahora, con dos votos de la oposición, o la oposición.

Además, siempre y cuando den quórum, se trataría la ampliación de la coparticipación del impuesto al cheque, proyecto que impulsa el arco antikirchnerista.

Hasta ayer, el kirchnerismo contaba los votos necesarios para sostener a la titular del BCRA, cuyo pliego fue rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales tras girar el dinero para el pago de deuda al Tesoro.

La oposición, or su parte, aseguraba tener las 37 voluntades requeridas para darle media sanción al proyecto de ley que intenta que las provincias se repartan unos $ 10.000 millones en forma automática que actualmente van a la Nación.

La semana pasada, el oficialismo había logrado una importante ventaja al evitar sobre la hora que la oposición rechace el pliego de Marcó del Pont. A último momento, la senadora justicialista santafesina Roxana Latorre y la rionegrina del Frente Grande María Bongiorno anunciaron que votarían con el kirchnerismo. Bongiorno fue al recinto, pero Latorre no y no hubo quórum. La falta de la cantidad de legisladores necesaria para sesionar �la oposición en pleno no bajó� impidió que prosperaran los cambios en el impuesto al cheque.

Ahora, el kirchnerismo se habría asegurado el quórum. Latorre se sumaría al bloque K y daría el voto 37, a la vez que el senador del Frente Cívico cordobés, Luis Juez, anticipó que sesionará, aunque votará contra Marcó del Pont. �En la vida es mejor perder que andar huyendo�, justificó Juez.

En cambio, el conjunto de bloques opositores asegura contar con los votos que requiere para darle media sanción a la mayor coparticipación del impuesto al cheque. Además, se esperanza con sumar a algunos legisladores oficialistas o lograr su abstención.

La oposición pretende coparticipar el 50% del tributo, en vez del actual 15%, lo que implicaría una transferencia de recursos de unos $ 10.000 millones hacia las provincias, en perjuicio del Estado nacional. Es el monto que el Gobierno repartió en forma discrecional entre las provincias el año pasado, según se desprende de un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).