26 de abril de 2024
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¿Kirchner operó en la Justicia a favor de Jaime?
El hermano de un juez federal y un subsecretario de De Vido habrían sido los enviados para postergar la decisión del juez Claudio Bonadío que lo investigó por dádivas
17 de abril de 2010
A pesar de que Jaime ayer rompió el silencio en una conferencia de prensa sobrepasado por las publicaciones sobre su patrimonio, Kirchner sabe que el verdugo no será aún el juez federal Norberto Oyarbide sino su colega Claudio Bonadío, que investiga los viajes del ex funcionario en taxis aéreos al exterior, pagados por empresas de transporte que Jaime debía controlar.
El empresario más comprometido es Claudio Cirigliano, dueño del Grupo Plaza, y concesionario de los principales ramales de trenes metropolitanos (ver página 4). Según fuentes de la investigación, Cirigliano, el empresario de transporte urbano más favorecido por decisiones del Gobierno K, habría costeado el alquiler de un avión en nueve oportunidades y la evidencia lo compromete: pagó con facturas de sus empresas Plaza y TBA. La mayoría de los vuelos en los que viajó Jaime fueron a Brasil, otros a Córdoba y Uruguay.
Bonadío es un juez que no se caracteriza por socializar con los Kirchner. Esta semana, la preocupación central del esposo presidencial era que el inminente procesamiento de Jaime pueda “opacarle el festejo” por la apertura del canje de deuda, anunciado el jueves por el ministro de Economía, Amado Boubou. Imaginaba la tapa de todos los diarios, las pantallas de todos los canales de noticias anunciando la decisión de Bonadío. Para evitar que le arruinen la fiesta, Kirchner encomendó la misión para “operar” a favor de Jaime al hermano de un juez federal, también miembro de la familia judicial, quien no sólo debe atrasar el anuncio del procesamiento de Jaime sino que deberá intentar alivianar la sentencia. En los despachos de Comodoro Py ya hablan de dos años de prisión en suspenso para Jaime y un año de prisión en suspenso para Cirigliano. Kirchner cree que “dos años es mucho”.
En la maniobra pingüina también participaría otro asesor jurídico del entorno K: Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, según le confirmó a PERFIL una fuente del Gobierno.
Si bien la causa judicial sobre supuesto enriquecimiento ilícito fue la que forzó la inesperada conferencia de prensa de Jaime, por el momento no es la que lo compromete más, ya que el juez Oyarbide aún no decidió su imputación –sí está imputado por Bonadío–. El pago y aceptación de dádivas es un delito mucho más fácil de probar que el enriquecimiento ilícito.
El delito por el que lo investiga Bonadío es excarcelable, pero si Jaime es condenado y más tarde se avanza en otras investigaciones donde puede ser condenado otra vez, podría ir preso. No es un dato menor: se trata del funcionario kirchnerista más denunciado, en especial, por su extrema cercanía con los empresarios del sector que debía controlar.