Empresarios cerealeros fueron detenidos por evadir impuestos por más de 21 millones de pesos, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Luego de la denuncia realizada por la Dirección Regional Mercedes por presunta evasión agravada, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Nicolás detuvo a Vicente Pérez Barcos, Graciela Musirengo y Alejandro Zabala.

Los acusados son considerados partícipes necesarios de la presunta evasión agravada llevada a cabo por la acopiadora de cereales "H.A. Coltrinari y Cia. S.A.C.T.A.", que falsificó las declaraciones juradas de IVA y del Impuesto a las Ganancias desde el 2002 al 2005 y generó una evasión de $ 21.388.635.

Los tres empresarios fueron detenidos y luego de tomarles declaración indagatoria en carácter de partícipes necesarios en la maniobra denunciada por la AFIP, el juez ordenó su encarcelamiento.

Asimismo el juzgado libró otras cinco órdenes de detención contra Eduardo Molinari, Claudina Garbari, Nélida Córdoba, Jorge Acosta y Arturo Otaño Moreno, todos imputados en la misma maniobra.

Además de la evasión agravada, la AFIP constató que en la compra y venta de los cereales se computaron créditos fiscales originados en documentación de operaciones sobre las que no pudo establecerse que hayan sido efectivamente realizadas y, que además, se hicieron con proveedores sin estructura o capacidad financiera.

En tanto, en Chaco el organismo detectó, a través de un cruce de datos con el Banco Central, a una firma de granos que sin capacidad para comprar en el mercado cerealero, adquirió dólares y euros por más de $ 50 millones y evadió más de $ 24 millones.

De acuerdo a los montos de divisas adquiridas y a su actividad comercial ilegal, la firma defraudó al Estado Nacional en más de $ 20.000.000.

La empresa estaba inscripta como mayorista en la venta de cereales en Chaco y -según pudo constatar la AFIP en su fiscalización- pese a que la compañía había concretado importantes ventas, las transacciones no se veían reflejadas en sus Declaraciones Juradas.

Paralelamente, se descubrió que quienes efectuaban las compras de los cereales eran dos supuestos "apoderados" que realizaban operaciones en dos entidades bancarias y en una financiera de la ciudad de Rosario.

La investigación corroboró que la empresa "fantasma" no tenía capacidad para vender los cereales que habría comercializado.