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Crisis social en Grecia: los trabajadores de paro
En medio de la feroz crisis financiera, empleados del sector público comenzaron un paro de 48 horas en todo el país contra las medidas de austeridad del gobierno
4 de mayo de 2010
Al crack financiero que por estos días está azotando a la economía griega, los trabajadores del sector público de este país sumaron más presión al Gobierno.

Este martes, los empleados griegos empezaron una huelga de 48 horas en todo el país, que será la primera prueba de fuego para que el gobierno del socialista George Papandreu demuestre su capacidad de poner en práctica las medidas de austeridad acordadas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del paquete de rescate financiero.

Ministerios, oficinas gubernamentales, escuelas, hospitales y otros servicios públicos cerraron de cara a la manifestación prevista a mediodía de funcionarios delante del Parlamento y organizada por el principal sindicato del sector público, Adedy.

"Queremos que se ponga fin a la caída libre de nuestros estándares de vida", subrayó el líder de Adedy, Spyros Papaspyros, cuyo sindicado representa a alrededor de medio millón de trabajadores. "Creo que esta será una de las mayores protestas que hemos visto en la última década", vaticinó. Los trabajadores del sector privado se unirán mañana, miércoles al paro, en la tercera huelga conjunta desde principios de año.

Antes de la manifestación de hoy, miembros del Partido Comunista griego colgaron pancartas en las que se podía leer: "Pueblos de Europa, levántense".

La participación en las manifestaciones se limitó a decenas de miles de personas hasta ahora, en comparación con los violentos disturbios que paralizaron Atenas en diciembre de 2008 tras la muerte de un adolescente a manos de la Policía.

Pero se teme que aumente el enfado de la población después de que el gobierno heleno desvelara un draconiano nuevo plan de recorte presupuestario el domingo, que prevé importantes recortes en los salarios y las pensiones. A cambio, Atenas recibirá 110.000 millones de euros en los próximos tres años para evitar la quiebra.