Noticias actualizadas las 24 horas Información clave para decidir
26 de agosto de 2019
Seguinos en
Reciba gratis nuestra newsletter diaria y alertas de noticias en su casilla de e-mail
Al hacer click en el botón, se abrirá una nueva ventana donde podrá ingresar sus datos
Fueron ignorados alertas oficiales de compras a Caracas
La Sindicatura y la Auditoría advirtieron sobre falta de controles en compras de fuel oil a Venezuela por medio del cuestionado fideicomiso. El Gobierno miró para otro lado
5 de mayo de 2010
Hubo alertas, llamados de atención, pero nada fue suficiente para que el Gobierno pare con transacciones dudosas con Venezuela, sobre porque el fideicomiso del fuel oil entre Argentina y Venezuela que está siendo investigado en la Justicia por sospechas de pagos de comisiones irregulares, también fue cuestionado por dos organismos de control en diferentes informes.

Por un lado, informa el diario Clarín, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) -el organismo auditor que depende del Gobierno nacional y que suele ser muy cuidadoso en sus observaciones a las dependencias del Estado- dijo que "hay deficiencias en los circuitos administrativos y debilidad en el sistema de control interno". Por el otro, la Auditoría General (AGN) que, en el documento 199/2008, cuestionó los lineamientos del convenio firmado en el 2004 que abrió la compra de combustible a la República Bolivariana para calmar la crisis energética nacional.

El informe de la Sigen se terminó en noviembre de 2007 y es el único control oficial que se hizo público sobre el fondo fiduciario. Bajo el título "Cammesa: Evaluación del proceso de adquisición del fuel oil" se siguieron las compras que el Estado hizo durante el año 2006 a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, la sociedad mixta con un 20% de participación del Estado, que sólo opera como compradora en el marco del fideicomiso. Esto es así a partir de una decisión del Ministro de Planificación Julio De Vido quién, además, rompió en 2008 con la histórica costumbre de designar a los secretarios de Energía como presidentes de la empresa y se posicionó él mismo en ese lugar estratégico.

En la auditoría analizaron 34 recibos, el 46% del total de lo facturado por PDVSA a CAMMESA. A lo largo de las 28 páginas del informe, encontraron que "no hay un manual de procedimiento" para la compra de fuel oil y que se registran diferencias en los comprobantes de cantidades de combustible importadas. Dice la Sigen: "Se verificó la existencia de diferencias entra la cantidad de fuel oil consignada en las facturas de PDVSA y su confrontación con la cantidad de fuel oil detallada en el certificado emitido por el inspector independiente". Entre las contradicciones también encontraron que la Aduana tampoco coincidía en sus números sobre la cantidad de fuel oil importado.

Consultada por los auditores, CAMMESA respondió que debido a cierto trámites burocráticos "no necesariamente van a coincidir exactamente los volúmenes facturados" desde Caracas con lo que llega al puerto de Buenos Aires. Sin embargo, la SIGEN consigna diferentes irregularidades administrativas como cierta "informalidad" y falta de documentación en las compras que incluyen facturas de PDVSA por compra de combustible bajo el concepto "gastos de despacho". La conclusión es que las fallas administrativas en el sistema de compra "debilitan el sistema de control interno imperante en la sociedad, no garantizando la detección de errores en la cancelación" de los pagos de Cammesa a Venezuela con plata del Estado nacional.

A partir de la creciente demanda de energía por el repunte de la economía y la merma en la disponibilidad de gas como combustible para las usinas eléctricas, la compra de fuel oil creció sin retorno durante la era K.

Según consignó Clarín la semana pasada, entre 2007 y 2009, las adquisiciones llegaron a US$ 1.225 millones. Si se suma el gas oil, la cifra trepa en total US$ 5.344 millones. En el marco del fideicomiso, en el año 2006, Argentina pagó 303 millones de dólares. Con ese dinero, el gobierno de Chávez compra productos de empresas argentinas. Este es el proceso que está en la mira del juez Julián Ercolini.

Este aumento en el gasto llevó también a la Auditoría General de la Nación a analizar los procesos. En noviembre de 2008 cerraron un trabajo sobre la gestión del programa de políticas energéticas y pusieron el foco en la Secretaría de Energía.

En uno de los apartados de ese informe, la AGN encuentra que "en el convenio entre el Estado nacional y PDVSA para la compra de fuel oil, no se han obtenido evidencias de que CAMMESA haya intervenido en los lineamientos que llevaron al acuerdo, ni tampoco elementos que justifiquen la cantidad contratada".