El Gobierno finalmente desistió de ordenar el desalojo del corte de ruta en Gualeguaychú y decidió presentarse como querellante en esa causa, además de denunciar penal y civilmente a los asambleístas.

Así lo informó esta tarde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante una exposición ante la prensa con el ministro de Justicia, Julio Alak, en la Casa Rosada.

Fernández adujo que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de "cumplimiento imposible" y remarcó que "sería en vano" notificar a los asambleístas de un hecho que "no se van a notificar", por lo que el Gobierno decidió presentarse
como querellante en la causa y denunciar a los ambientalistas.

La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

"No hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible", sostuvo Aníbal Fernández.

Por eso sostuvo que "en lugar de notificar vanamente a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar hasta que tener que reprimir cuando nuestra política es no reprimir" se decidió este camino.

La denuncia penal "con nombre y apellido" de asambleístas, según Fernández es por una serie de figuras que abarca la sedición, la intimidación pública, el encubrimiento, el atentado y la resistencia a la autoridad, entre otros.

También la presentación inicia una demanda civil contra los asambleístas por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior.