El Gobierno dio un paso más para la puesta en marcha de la ley de medios: tras reglamentación de la norma, publicó hoy una resolución que establece que a partir de mañana correrá el plazo de un año para que las empresas se desprendan de licencias para adecuarse al nuevo sistema.

El lapso de un año, figura en el artículo 161 de la ley, cuya aplicación fue frenada por la Justicia en distintos planteos que aún deben resolverse, informa el diario La Nación.

La ley de medios fue sancionada por el Congreso en octubre del año pasado. A raíz de una demanda de la diputada Zulema Daher, la justicia federal de Salta suspendió su total aplicación meses después. Además, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó otro fallo que paralizó la aplicación del artículo 161, que obliga a los grupos de medios a vender varias de sus licencias en un año.

"Establécese que el plazo no mayor a un año previsto por el artículo 161 de la Ley 26.522, comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en la presente resolución", dispone la resolución 297/2010, que se publica hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma de Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

La norma consta de tres artículos y un anexo que detalla qué deben hacer los medios que tengan más licencias de las permitidas por la nueva ley.

Una de las opciones es la adecuación voluntaria, en la que los titulares de las empresas que no cumplan con los requisitos podrán "iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada, a través de la cual propongan la regularización de su situación".

Otra alternativa es la adecuación por transferencias, que podrá ser voluntaria en caso de que el titular de la empresa presente una propuesta con un potencial adquiriente de alguna de sus licencias y que la misma sea autorizada por la AFSCA.

En caso de no encontrar en un plazo de 180 días un potencial comprador o si el mismo resultara rechazado, la resolución aclara inmediatamente que se podrá autorizar al organismo que conduce Gabriel Mariotto para que oferte públicamente las licencias o bien realice un concurso de precios y condiciones de adquisición.

En tanto, en caso de que los titulares de las licencias no diera cumplimiento a las disposiciones de la ley y sus reglamentación en los tiempos previstos, se dispondrá la transferencia de oficio.