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28 de marzo de 2024
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Exigen a Sarkozy que suspenda expulsión de gitanos
La UE consideró que la decisión del gobierno francés de repatriarlos supone "una discriminación en base a la raza y a la pertenencia a un grupo étnico"
9 de septiembre de 2010
El Parlamento Europeo exhortó a Francia y a los otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) a "suspender inmediatamente" las expulsiones de gitanos, una medida que desencadenó fuertes críticas mundiales en las últimas semanas, por considerar que supone "una discriminación en base a la raza y a la pertenencia a un grupo étnico".

Por 337 votos a favor y 245 en contra, los legisladores adoptaron una resolución en la que se declaran "muy preocupados por las medidas tomadas por las autoridades francesas así como por las autoridades de otros Estados miembros contra los gitanos (...) que contemplan su expulsión" del territorio nacional.

El texto, presentado por socialistas, liberales, ecologistas y comunistas, emplaza a París y a los otros gobiernos que recientemente repatriaron a individuos de esa comunidad, como Italia, a "suspender inmediatamente todas las expulsiones de gitanos".

El ala de centro e izquierda de la Eurocámara se impuso así a los conservadores y euroescépticos, que sometieron a voto otra resolución que no condenaba la política francesa contra los gitanos y que fue rechazada.

La "actitud" de París "va a la par con una ola de estigmatización" y de "denigración general de los gitanos en el discurso político", deplora el texto aprobado. "El derecho de todos los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias de circular y residir libremente en toda la UE constituye un pilar de la ciudadanía europea", según la resolución.

Desde fines de julio, unos 1.000 gitanos fueron repatriados de Francia a Rumania y Bulgaria y un centenar de campamentos ilegales fueron desmantelados, como consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad defendida por el presidente Nicolas Sarkozy. Y desde comienzos de este año, Francia expulsó de su territorio a más de 8.000 rumanos y búlgaros, que habían buscado refugio en el país.

La medida provocó la indignación de la oposición política y de las asociaciones de inmigrantes, y la preocupación de la ONU y del Vaticano.