La oposición salió hoy a criticar en duros términos el abierto desafío que lanzó el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a la Corte Suprema y la vinculó, además, con la actitud que mantiene ante la Justicia el Gobierno nacional.

El gobernador no sólo se niega a reponer al ex procurador Eduardo Sosa, echado por Néstor Kirchner hace 15 años, sino que, además, ayer cuestionó al máximo tribunal, que antes había decidido denunciar penalmente al mandatario provincial.

"La impunidad de Santa Cruz está avalada por la impunidad nacional", disparó esta mañana en declaraciones a FM Milenium el senador y titular de la UCR Ernesto Sanz. Y añadió: "Que no nos sorprenda que aparezca algún funcionario incendiando los micrófonos contra la Corte".

Además de la denuncia penal contra Peralta para que se investigue el posible "delito de acción pública" por el incumplimiento reiterado de los fallos de la propia Corte Suprema que ordenaban reponer a Sosa, el máximo tribunal pidió al Congreso que analice la desobediencia del gobernador y se ocupe de que la provincia cumpla con el fallo.

Sanz deslizó la posibilidad de que "el Congreso haga de Poder Legislativo para la creación del puesto", aunque señaló que estaba hablando "muy en borrador".

También desde el radicalismo, el diputado Ricardo Gil Lavedra consideró "inadmisible que queden sentencias de la Corte Suprema sin cumplir". En diálogo con radio Continental, el legislador remarcó que "el Congreso tiene la obligación institucional de reparar esta cuestión" pero, también, que una eventual intervención debe apuntar exclusivamente a "reestablecer el imperio de las decisiones de la Corte". La situación, añadió, "es de una gravedad extrema porque ha dado comienzo a una crisis institucional entre los poderes".

El peronista disidente Gustavo Ferrari coincidió en que "el Congreso tiene que garantizar la forma republicana de Gobierno" y anticipó que ya están preparando un proyecto de ley. Entrevistado por radio 10, cuestionó que se le exija "el cumplimiento de la ley a un ciudadano común y un gobernador la desoiga". Y coincidió con Sanz en apuntar a los lazos de Peralta con los Kirchner: "Evidentemente hay un aval de la Presidencia de la Nación".