El comentario, casi incomprensible, se echó a correr entre los empresarios: entre todos debían reunir $800.000 para el gremio de Facundo Moyano, que representa a parte de los trabajadores del sector.

�Es un aporte a cuenta de nada, es dinero para el gremio, que se dedicará, según nos dijeron a fines deportivos o capacitación�, dijo enojado uno de los empresarios que recibió el llamado al diario Clarín.

En abril pasado, las rutas nacionales fueron divididas en ocho concesiones con peaje. Entre los concesionarios hay empresarios tradicionales del sector, como Cartellone, el grupo Macri o Roggio, y operadores con buen diálogo con el Gobierno, como Cristóbal López y Electroingeniería.

La propuesta del aporte al gremio de Moyano produjo indignación en las empresas, sobre todo en aquellas que ni siquiera tienen empleados agremiados en SUTPA, el sindicato que conduce el hijo del secretario general de la CGT. �Es como si fuera plata para su campaña, puesta por nosotros�, se quejó uno de ellos, pidiendo, claro, absoluta discreción sobre su nombre por temor a represalias.

El planteo empezó a barajarse en setiembre, y se plasmó en un acta acuerdo que debían firmar las ocho empresas del sector y el gremio. La cláusula clave era la Primera, donde se definía la cifra y el destino: �actividades deportivas y de capacitación� (ver facsímil ).

Cuando los abogados de las empresas empezaron a revisar el documento, comenzaron las objeciones legales. Así, se redactó un segundo acta, que sería agregado a la paritaria del sector. Tiene más cláusulas que la anterior, pero el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo aporte, ahora llamado �Fondo de Capacitación�, que se mantiene en los mismos 800.000 pesos, aunque ahora los aportantes son menos.

En el primer acta, eran 100.000 por empresa, y así se llegaba a los 800 mil.

Ahora los que tendrían que poner el dinero son 6 , porque quedaron afuera las empresas que no tienen agremiados a SUTPA, o sea los grupos que lideran Eurnekian y Electroingeniería. Las empresas restantes, ahora, deberán desembolsar $133.332,98 cada una, en cuotas (la primera, de 50.000, vence el 25 de octubre).

La firma del acta, según se definió, debía ser hoy: ayer las empresas esperaban definición de la hora. Pero les llamó la atención un punto en particular, y es que la rúbrica sería en las oficinas del ente regulador, el OCCOVI, cuando ellos habían propuesto hacerlo en la cámara empresaria. �Que se haga en el OCCOVI implica que la operación tiene el aval del Gobierno �, analizó uno de los empresarios implicados.

El nuevo acta incluyó, respecto al anterior, dos puntos adicionales. Por un lado, un decálogo de qué pueden hacer las empresas respecto a su personal (desde horarios a traslados). El otro, un compromiso de las empresas �a comunicar e informar al personal en forma periódica, sobre las cuestiones que hacen a la marcha del negocio, la organización y operación de las mismas�. Casi un eco de un artículos que los privados resisten en el proyecto de ley de reparto de Ganancias que impulsa la CGT.