Francisco de Narváez acusó al Gobierno nacional de perseguirlo por sus "ideas" y utilizar para eso "la estructura del Estado".

"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo utiliza la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", dijo el diputado nacional en diálogo con La Nación, tras la revelación del diario de que el gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones financieras de personas y empresas privadas, ante la sospecha de que los datos son usados por el Gobierno para sus propios fines políticos.

El quite de colaboración fue decidido por la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, al verificar que los datos confidenciales que le solicitó desde Buenos Aires la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre De Narváez salieron a la luz en julio de 2009 en medios de comunicación muy cercanos al Gobierno. Hasta hoy hubo intentos por parte de la Argentina de revertir esta interrupción de datos, que continúa vigente.

"Hay organismos y funcionarios del gobierno nacional involucrados en este tipo de maniobras, tal como denuncié en la causa que inicié al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray", agregó De Narváez, que en junio denunció al funcionario kirchnerista por incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de secreto fiscal, tráfico de influencias y falsa denuncia.

Para el candidato a gobernador bonaerense, "allí queda demostrada la conexión con las causas iniciadas durante la última campaña política, detrás de las cuáles está este funcionario (en referencia a Echegaray)".

Estados Unidos suspendió ese flujo de información de inteligencia que contiene reportes de operaciones sospechosas cuando desactivó el llamado "memorando de entendimiento" existente entre la Fincen y la UIF, por entonces bajo el mando de la contadora de la Policía Federal, Rosa Falduto.

La decisión norteamericana ocurrió cuando verificó que los datos, que requerían su autorización para ser transferidos de la UIF a la Justicia -donde a su vez debían reservarse en una caja de seguridad-, se filtraron y difundieron del peor modo, lo que vulneró el principio de confidencialidad que impone el Grupo Egmont, un organismo internacional que desde 1995 facilita esa interacción de información entre los diferentes países (de lo que se informa por separado).