La estrategia de la administración kirchnerista de dilatar la entrada en vigencia de los aumentos que había acordado entre 2008 y 2009 con las privatizadas se topó con el primer revés judicial que le ordena a los funcionarios terminar de inmediato con el congelamiento tarifario.

Según especifica Clarín, la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo un fallo judicial de primera instancia que la pone más cerca de obtener la autorización oficial que esta esperando desde hace dos años para mejorar sus ingresos en un 20%.

El incremento en juego -que tiene una incidencia del orden 5% en las tarifas finale s de los usuarios residenciales- fue aprobado por el Gobierno en la renegociación contractual que suscribió con la empresa en octubre de 2008.

Al hacer lugar la acción de amparo solicitada TGS, la justicia en primera instancia le ordenó al Gobierno que autorice la suba tarifaria en un plazo de cuatro días .

La sentencia emplaza al ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido para que en un lapso de dos días le remita al ente regulador del gas (Enargas) toda la documentación referida a las nuevas tarifas que tiene aprobadas TGS. Y al Enargas le da otros dos días para que proceda a fijar el nuevo cuadro tarifario que regirá a partir de ahora y la metodología que se utilizará para el cobro retroactivo del aumento debía aplicarse desde octubre de 2008.

Si bien el fallo aún no está firme y puede ser apelado por los letrados de Planificación , la aparición de la Justicia en la discusión tarifaria no sólo le agrega una nueva complicación al Gobierno, sino que además podría alentar al resto de las privatizadas a acudir a masivamente los tribunales para destrabar los aumentos que tienen pendientes.

Tras haber agotado las instancias administrativas, TGS llevó su reclamo a la Justicia el 1 de octubre pasado por medio de una acción de amparo promovida contra el Enargas que maneja el interventor Antonio Pronsato y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

TGS está manejada por CIESA (Compañía de Inversiones de Energía), la sociedad controlante que tiene el 55,3% de las acciones. CIESA, a su vez, es piloteada por la brasileña Petrobras que posee el 50%. Las restantes acciones se reparten entre un fideicomiso financiero del ABN AMRO Bank (40%) y una subsidiaria de la quebrada Enron (10%).

Desde hace cinco años, la empresa controlante mantiene un sonado pleito con juicios en EE.UU. y en el país con el fondo de inversión AEI que originariamente había llegado a un acuerdo para intercambiar parte de los papeles de deuda en default de TGS por acciones en la empresa.