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20 de abril de 2024
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Procesan al principal proveedor de la obra social de Moyano
Se trata de Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana. Está sospechado de ser presunto miembro de una asociación ilícita por la "mafia de los medicamentos"
3 de diciembre de 2010
Marcos Hendler, dueño de la Droguería Urbana y proveedor de la obra social de los camioneros del líder sindical Hugo Moyano, fue procesado sin prisión preventiva como presunto miembro de una asociación ilícita por la llamada "mafia de los medicamentos".

La medida fue dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, que también ordenó un embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de Hendler.

El magistrado también procesó por el mismo delito y con un embargo de 100 mil pesos a Oscar Guerrero, presunto dueño de la droguería Del Plata, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

En la causa se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la comercialización de remedios falsos o adulterados y también están procesados -y presos- el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola; su mujer, Paula Aballay, y el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre otros.

El abogado de Hendler, el ex ministro y ex camarista León Arslanián, dijo esta noche a la agencia DyN que aún no había sido notificado de la resolución, pero anticipó que "vamos a apelar" el procesamiento.

"Hendler es investigado a partir de una conversación telefónica que habría mantenido con la empresaria farmacéutica Alexia Bergalli, sobre la provisión de 19 troqueles para la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA)", señaló el CIJ.

Justamente Hendler fue citado a indagatoria hace dos semanas por tres escuchas telefónicas en las que aparece un "Marcos" -que la Justicia cree que es Hendler- supuestamente negociando con Bergalli, de Droguería Del Plata, la entrega de troqueles del medicamento oncológico MABTHERA.

Y ahí entran en escena también los 19 troqueles sospechados de ser falsos del fármaco ERBITUX (para el cáncer), provistos a la Obra Social de los Camioneros (OSCHOCA) que conduce Moyano, jefe de los choferes de camiones y de la CGT.

El empresario que suministra medicamentos de alta complejidad al gremio de Moyano se presentó en Tribunales, pero se negó a declarar y en su lugar presentó un escrito en el que rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que no formó parte de ninguna asociación ilícita.

El acusado presentó a Oyarbide documentación, remitos y facturas sobre la operatoria de su empresa y dijo que no conoce al resto de las droguerías implicadas en la investigación.

Hendler también es investigado por el juez federal Claudio Bonadío por presunto fraude al Estado a través de la Administración de Programas Especiales (APE) justamente por la posible falsificación de los 19 troqueles que se presentaron para cobrar los remedios que nunca se habrían suministrado y por lo que también está sospechado Moyano.

Citado por Bonadío, el empresario concurrió al juzgado pero rehusó declarar, al señalar que por el mismo tema ya había sido indagado por Oyarbide. Y entonces presentó la declaración que había hecho ante este último magistrado.

Moyano también viene negando ser partícipe de maniobras supuestamente irregulares. El Gobierno kirchnerista, a través del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, se mostró benévolo ayer con Moyano, su principal socio político.

En una entrevista televisiva, Fernández dijo que le "cuesta creer" que la obra social de camioneros esté implicada en alguna irregularidad y pidió esperar a que "se expida la Justicia" sobre el tema y "no meter la cuchara" porque, a su criterio, "no sirve para nada".

En la causa por la "mafia de los medicamentos" Oyarbide allanó la semana pasada 42 obras sociales, entre ellas las de camioneros, metalúrgicos, docentes, personal de lotería, de la carne, del turf y prensa, en procedimientos realizados en la Capital Federal, el conurbano bonaerense y las provincias de Mendoza y Chubut, y la Policía Federal detuvo a un empresario.

En los procedimientos se secuestró documentación que vinculaban a las obras sociales con la compra de remedios a las droguerías Baires Med, Del Plata, Multifarma y Urbana, esta última la de Hendler.

Además, en el caso están implicadas otras figuras políticas, como Héctor Capaccioli, ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) y ex recaudador de la campaña de Cristina Fernández.