26 de abril de 2024
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Militantes K y de Moyano bloquearon Clarín y La Nación
Un centenar de personas demoró la distribución de ambos diarios críticos del Gobierno. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había salido a cuestionar sus notas
15 de enero de 2011
Un solitario patrullero de la Comisaría 30 se estacionó cruzado sobre la calle Zepita 3.200, cortando el tránsito a varios metros del acceso a la planta impresora. Pese a una orden judicial que prohíbe todo bloqueo a la circulación de medios impresos, los agentes nada hicieron para impedirlo.
Un grupo de unas 50 personas se instaló poco antes de las 22:30 en Zepita y Magaldi, donde se encuentra la entrada a la planta de Clarín.
Al tiempo que impedían el paso por el portón principal, arrojaron volantes con insultos al Grupo Clarín.
Hacia medianoche el grupo acampó en el portón de acceso, con mesas, sillas y reposeras. Los miembros de la Juventud Sindical de Camioneros disimularon su presencia vistiendo remeras verdes con inscripciones. Lo mismo ocurrió con otro grupo de apoyo kirchnerista.
Un bloqueo similar, también realizado por militantes del gremio de Moyano, había ocurrido en noviembre pasado. Y en diciembre, desde el 13 al 19, fue bloqueado en Lanús el ingreso a la imprenta Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) -de Clarín-, impidiendo el ingreso de insumos y la salida de publicaciones.
A los militantes encadenados a las puertas de la imprenta AGR, se sumaron personas ajenas a la empresa y hasta el canciller Héctor Timerman.
Según Clarín, la acción de anoche pareció planificada. Los medios oficialistas como Canal 7 y CN 23 de Sergio Spolszky estuvieron desde el primer momento con sus cámaras en el lugar.
La instalación de las mesas y sillas en la puerta de la planta fue organizada por un grupo de hombres que actuaron en forma sincronizada.
Aquel bloqueo se levantó el domingo 19. La planta ya tenía listas las revistas Viva y Rumbos, pero como la empresa no podía retirarlas, se vio obligada a imprimir Viva en una edición de papel no habitual. Rumbos acompaña la edición de 19 diarios del interior.
El jueves anterior a la liberación de la planta, camioneros y gráficos con apoyo de la Juventud Sindical, liderada por Facundo Moyano, hijo del titular de la CGT, hicieron un acto frente a AGR.
Moyano hizo llegar su adhesión a través del diputado kirchnerista Omar Plaini. Tanto Clarín como La Nación habían publicado informaciones sobre los negocios que rodean al jefe cegetista.
A principios de este año, la Justicia dispuso que un grupo de manifestantes no pueden cercenar la circulación de medios impresos. Y ordenó a las fuerzas de seguridad que –en la persona de la ministra de Seguridad, Nilda Garré– hagan valer esta prohibición y eviten los bloqueos. Así lo resolvió en un fallo, el juez Gastón Polo Olivera.
Dentro de la planta impresora de Clarín, el personal continuó su trabajo. Tras almacenar los paquetes de los suplementos que acompañan la edición del sábado, finalizaron con la impresión del suplemento de Espectáculos.
Los manifestantes, aunque en grupo reducido, se preparaban en esa madrugada para una estadía prolongada. De esa manera, impidieron la salida normal de los suplementos, primero, y del cuerpo principal del diario, más tarde. Su actitud destruyó gran parte del cronograma de distribución del diario, en especial hacia los puntos más alejados.
La decisión judicial de este año respondió a un reclamo de AGR, para la cual el bloqueo “apunta a dañar a Clarín y a otros diarios”. Además, sostuvo que es violatorio de los artículos 161 y 194 del Código Penal, por obstaculizar la circulación de publicaciones e interrumpir el transporte. Pese al fallo a favor, la Policía tampoco actuó en esta oportunidad.
Según La Nación, los manifestantes se identificaron con pancartas en las que se vio "Federación Gráfica Bonaerense" y dijeron ser familiares de obreros despedidos de AGR.
Consultados por LA NACION, los participantes de la protesta no quisieron decir a quién representaban ni dar detalles sobre los motivos de su presencia en el lugar.
Aunque el 2 de este mes, el juez civil Gastón Polo Olivera prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a las plantas impresoras y ordenó que la resolución se notifique, en forma personal, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo, anoche sólo había un par de patrulleros que no hicieron nada para asegurar la libre circulación de los medios de prensa.
LA NACION habló con uno de los oficiales de la Policía Federal presente en el lugar, que no quiso identificarse, quien manifestó no tener ninguna orden de actuar para evitar los bloqueos.
Según las informaciones que se pudieron recoger en el lugar, el conflicto se originó por algunos despidos que los manifestantes atribuían a la empresa editora del diario Clarín.
Nadie pudo explicar por qué la manifestación se hizo extensiva a la planta impresora de LA NACION.
Cristian Quiroz, quien se identificó como delegado de la Federación Gráfica Bonaerense, indicó: "Nos enteramos que en la planta de LA NACION se estaba imprimiendo una parte de Clarín", especulación absolutamente falsa.
La edición impresa del diario LA NACION estaba en condiciones de ser distribuida a todo el país a partir de las 0.48 de hoy. Sin embargo, sólo un camión con ejemplares pudo ganar la calle.
Luego, un centenar de manifestantes, en su gran mayoría integrado por menores de edad y mujeres, se pararon delante de las puertas de la planta impresora tanto sobre la calle Zepita como sobre la calle Luján e impidieron el paso de los camiones con los diarios. Recién a las 4, los manifestantes levantaron el piquete.
La agencia oficial Télam despachó un cable a la 1 de la madrugada en el que sostenía que la protesta era producto de un reclamo gremial.
Nicolás Rivero, que la agencia oficial de noticias identificó como uno de los delegados despedidos de Clarín dijo: "Nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una respuesta de la empresa. Aquí no hay sindicatos, no hay organizaciones, lo que hay son delegados injustamente despedidos con sus familias realizando una protesta legítima".
Rivero señaló: "Somos diez delegados, cinco despedidos en el 2004 y otros cinco despedidos ahora, en diciembre del 2010. En todos los casos hay orden de la justicia de permitir la reinstalación de los cesanteados, pero la empresa no la acata".