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26 de abril de 2024
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Uruguay insistió en que ENCE no le notificó su traslado
Lo dijo el ministro de Medio Ambiente y Vivienda quien afirmó que la papelera todavía no inició los trámites de "habilitación" para que sea relocalizada en Colonia
14 de diciembre de 2006
El ministro de Medio Ambiente y Vivienda de Uruguay, Mariano Arana, aseguró que "en la Dirección de Medio Ambiente aún no fue ingresado la formalización por escrito de las habilitaciones".

De este modo, reforzó la posición de Montevideo expresada por el presidente Tabaré Vázquez que advirtió que será Uruguay el que decida en última instancia sobre el traslado de la pastera.

Agregó que la empresa de mover de lugar a la pastera debe ser sometida a "todas las normativas sobre medio ambiente tanto a nivel nacional o internacional. El proyecto tendrá que sortear todos los estudios que son requeridos", señaló.

Ayer, el presidente de Uruguay había afirmado que será su gobierno "el que dirá si autoriza o no" la instalación de una fábrica de celulosa de la empresa española Ence en el departamento de Colonia, en la costa del Río de la Plata.

Según señaló la agencia italiana de noticias ANSA, Vázquez explicó que no existe una solicitud formal de la compañía española a Uruguay, sino una comunicación "verbal" y dijo que "la empresa deberá hacer los trámites y será el gobierno uruguayo el que dirá si autoriza o no" el emprendimiento de Ence.

El Río de La Plata, al igual que el Uruguay, está regido por un Tratado que Argentina y Uruguay firmaron en 1973 y que establece también un mecanismo por el cual si una de las partes "proyecta" alguna obra que modifique o altere "el régimen del Río" debe notificarlo a la Comisión Administradora (CARP).

Según establece el acuerdo, en la notificación deberán figurar los "aspectos esenciales de la obra, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación o al régimen del Río".

La parte notificada tendrá, asimismo, derecho a optar por participar en igualdad de condiciones en la realización de la obra, y también tendrá derecho a inspeccionar la obras que se estén ejecutando para comprobar si se ajustan al proyecto presentado, según se establece en el Tratado.