20 de abril de 2024
Seguinos en
Últimas notas de Información general
Últimas noticias
El Gobierno busca forzar la desaparición de las consultoras
Lo hace a través de multas de medio millón de pesos que son casi imposibles de afrontar para la mayoría de las empresas. Una práctica de regímenes totalitarios
12 de marzo de 2011
Las consultoras que miden la inflación siguen en la mira del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La Dirección Nacional de Comercio Interior "impuso multas de $ 500.000 a dos empresas consultoras por infracción a la Ley de Lealtad Comercial".
La agencia aclaró que "se trata de las firmas Eco Go S.A. (Estudio Bein & Asociados) y Finsoport S.A. -entre cuyos responsables figura el economista Jorge Todesca-". La consultora de Orlando Ferreres ya había sido amenazada con la misma sanción.
“Nosotros no recibimos ninguna notificación, pero doy por sentado que nos llegará el lunes”, aseguró el titular de Finsoport, Jorge Todesca. El ex viceministro de Economía de Duhalde anticipó que apelará la medida porque todo lo actuado (por Moreno) no se aplica a la Ley de Lealtad Comercial.
“Esto es una decisión política. Decisión de intimidar a las consultoras con una multa de 500 mil pesos para que en un año electoral nos callemos la boca”, aseveró Todesca. El economista estimó que al Gobierno le molestan las consultoras porque hablan con los medios y con empresarios, mientras que los institutos de estadísticas provinciales no. “Yo a mis clientes no podría decirles que la inflación es de 40%, tengo que dar información cierta y que a mis clientes les sirva. Entonces, no voy a jugar con eso”, añadió.
Eco Go S.A. fue multada por "haber realizado presentaciones que fueron difundidas en diversos medios masivos de comunicación (índices de precios al consumidor) que, al carecer del debido rigor científico, exhibe inexactitudes y ocultamientos susceptibles de inducir a error, engaño o confusión, respecto del precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles y servicios", señala la norma.
Y agrega: "Lo reconoce la propia sumariada, la misma da a conocer indicadores que son elaborados con deficiencias metodológicas y limitaciones fácticas", tras revelar las numerosas inconsistencias en las respuestas al cuestionamiento oficial.
Y, según Comercio Interior, Finsoport optó "abierta y desaprensivamente" por ignorar los pedidos de informes, y, "en su afán de ocultar la información y obviar su presentación optó por la articulación de diversos planteos".
"La sumariada optó por recorrer el camino de la elusión, la dilación y el ocultamiento, incumpliendo abiertamente con las obligaciones que la normativa aplicable pone en su cabeza", señaló la dependencia.
La medida se adoptó en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia realizada por la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (COMAFRU). La entidad denunció "el grave perjuicio generado para sus integrantes a partir de la difusión por parte de ciertas firmas consultoras de una suba sistemática de los precios comercializados por aquellos", explica Télam.
Las empresas sumariadas deberán abonar la multa impuesta en el plazo de diez días hábiles, según establecen las disposiciones 115 y 116 de 2011, a las que tuvo acceso Télam. Esta decisión "podrá ser recurrida solamente por vía de apelación, ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez días hábiles de notificada la resolución", informó.
Y en el caso de Eco Go, deberá además publicar en un diario de tirada masiva nacional a su costa esta resolución en un plazo de cinco días hábiles.
Así, la Argentina ingresa en una peligrosa espiral represiva de imprevisibles consecuencias, muy distante de lo que debería ser una República.