25 de abril de 2024
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Moyano mandó amenazar a los medios de comunicación
"Si se siguen metiendo con Moyano nos vamos a parar en la puerta de cada diario", mandó a advertir
17 de marzo de 2011
El representante del gremio de Camioneros, Eduardo Altamirano, apuntó contra los medios de prensa y contra referentes de la oposición como la líder de la Coalición
Cívica, Elisa Carrió, quien -a su entender- "hace denuncias de nada, pero jamás presentó un proyecto de salud o de educación".
"Jamás se probó nada, siempre se les abrió la puerta a todos, que investiguen lo que quieran, para nosotros no es casualidad", agregó.
Le apuntó en especial al Grupo Clarín y el Grupo Hadad.
El dirigente, además, dejó clara la postura del gremio respecto a la prensa: "A partir de ahora, ante cada denuncia que hagan, vamos a ir mil, diez mil o veinte mil trabajadores a pedirles a los periodistas que nos muestren de dónde sacan lo que publican. Y vamos a exigir que cuando se equivoquen, se publique al día siguiente, en la misma página, una desmentida por el error".
Así, sin siquiera participar de la conferencia de prensa, Moyano respondió al exhorto suizo que recayó en el Juzgado Federal número 5, a cargo de Norberto Oyarbide y que pide a la Justicia argentina que detalle las actuaciones y pruebas en investigaciones judiciales que involucren al líder de la CGT, a su hijo Pablo y su entorno familiar.
El gremio de Moyano, entre otros, es parte de los expedientes de las causas en las que los jueces federales Oyarbide y Claudio Bonadío investigan la denominada mafia de los medicamentos truchos.
En la causa que lleva Bonadío, la sede de la obra social del gremio fue allanada para verificar si se utilizaron troqueles truchos para cobrar cuantiosos reintegros a través de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud.
Para eso, fueron peritados troqueles que se secuestraron del medicamento Erbitux, suministrado a enfermos de cáncer de colon. El total de reintegros cobrados por camioneros por tratamientos complejos ahora bajo la lupa judicial alcanza los 400 mil pesos y ocupa el período 2003-2010.
Según fuentes judiciales, el juez podría avanzar luego sobre los reintegros cobrados por tratamientos para enfermos de sida.
En la investigación a cargo de Oyarbide que descubrió una trama de corrupción entre funcionarios del Estado, obras sociales sindicales y proveedores de remedios, en tanto, Moyano figura por las comunicaciones que su sindicato mantuvo con Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía medicamentos adulterados a las obras sociales, presuntamente en connivencia con éstas.
Además de liderar la CGT y el gremio de Camioneros que, en la práctica, quedó en manos de su hijo Pablo, Moyano es presidente de Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y un aliado del Gobierno, aunque con condiciones y en una relación no exenta de altibajos en la que el sindicalista suele expresarse a través de la muestras de poder que exhibe en sus convocatorias.
Alrededor de Moyano, además, gira una red de empresas liderada por el IARI, la administradora de la obra social de los camioneros que maneja su esposa Liliana Zulet.
IARI tiene negocios con la constructora Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas de Zulet–, y Dixey (que es un taller de ropa). El grupo posee además la organización de seguridad Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano- e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno de cuyos directores es el actual abogado de camioneros, Daniel Llermanos.
Aunque no tiene relación comercial, al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense a favor de la empresa de limpieza Covelia.
Así lo confirmó el representante del gremio Eduardo Altamirano en conferencia de prensa, quien además amenazó con bloqueos a los medios de comunicación que propalen noticias contra el sindicato y su titular.
Cívica, Elisa Carrió, quien -a su entender- "hace denuncias de nada, pero jamás presentó un proyecto de salud o de educación".
"Jamás se probó nada, siempre se les abrió la puerta a todos, que investiguen lo que quieran, para nosotros no es casualidad", agregó.
Le apuntó en especial al Grupo Clarín y el Grupo Hadad.
El dirigente, además, dejó clara la postura del gremio respecto a la prensa: "A partir de ahora, ante cada denuncia que hagan, vamos a ir mil, diez mil o veinte mil trabajadores a pedirles a los periodistas que nos muestren de dónde sacan lo que publican. Y vamos a exigir que cuando se equivoquen, se publique al día siguiente, en la misma página, una desmentida por el error".
Así, sin siquiera participar de la conferencia de prensa, Moyano respondió al exhorto suizo que recayó en el Juzgado Federal número 5, a cargo de Norberto Oyarbide y que pide a la Justicia argentina que detalle las actuaciones y pruebas en investigaciones judiciales que involucren al líder de la CGT, a su hijo Pablo y su entorno familiar.
El gremio de Moyano, entre otros, es parte de los expedientes de las causas en las que los jueces federales Oyarbide y Claudio Bonadío investigan la denominada mafia de los medicamentos truchos.
En la causa que lleva Bonadío, la sede de la obra social del gremio fue allanada para verificar si se utilizaron troqueles truchos para cobrar cuantiosos reintegros a través de la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud.
Para eso, fueron peritados troqueles que se secuestraron del medicamento Erbitux, suministrado a enfermos de cáncer de colon. El total de reintegros cobrados por camioneros por tratamientos complejos ahora bajo la lupa judicial alcanza los 400 mil pesos y ocupa el período 2003-2010.
Según fuentes judiciales, el juez podría avanzar luego sobre los reintegros cobrados por tratamientos para enfermos de sida.
En la investigación a cargo de Oyarbide que descubrió una trama de corrupción entre funcionarios del Estado, obras sociales sindicales y proveedores de remedios, en tanto, Moyano figura por las comunicaciones que su sindicato mantuvo con Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y procesado como jefe de una asociación ilícita que vendía medicamentos adulterados a las obras sociales, presuntamente en connivencia con éstas.
Además de liderar la CGT y el gremio de Camioneros que, en la práctica, quedó en manos de su hijo Pablo, Moyano es presidente de Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y un aliado del Gobierno, aunque con condiciones y en una relación no exenta de altibajos en la que el sindicalista suele expresarse a través de la muestras de poder que exhibe en sus convocatorias.
Alrededor de Moyano, además, gira una red de empresas liderada por el IARI, la administradora de la obra social de los camioneros que maneja su esposa Liliana Zulet.
IARI tiene negocios con la constructora Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas de Zulet–, y Dixey (que es un taller de ropa). El grupo posee además la organización de seguridad Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano- e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno de cuyos directores es el actual abogado de camioneros, Daniel Llermanos.
Aunque no tiene relación comercial, al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense a favor de la empresa de limpieza Covelia.
Así lo confirmó el representante del gremio Eduardo Altamirano en conferencia de prensa, quien además amenazó con bloqueos a los medios de comunicación que propalen noticias contra el sindicato y su titular.