El pedido de información de la justicia suiza sobre las causas en las que está involucrado Hugo Moyano, que ayer provocó la convocatoria a un paro nacional para el lunes, avanza en la justicia argentina.

El fiscal Jorge Di Lello resolvió esta mañana que "corresponde hacer lugar" a la solicitud de la justicia helvética y la remitió al juez federal Norberto Oyarbide, que tendrá la última palabra.

El avance del trámite fue confirmado por fuentes judiciales, que estimaron que la decisión final del magistrado se conocerá a más tardar el próximo lunes.

En el escrito que remitió al juez, Di Lello planteó que deben requerirse algunas precisiones a la justicia suiza.

La investigación suiza. El pedido de información a la justicia argentina se relaciona con el bloqueo de 1.870.000 dólares que realizó la justicia suiza sobre fondos de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa Covelia SA.

La firma maneja la recolección de residuos en 12 municipios bonaerenses y en el Mercado Central.

Funcionarios bonaerenses e intendentes vinculan a Covelia con Moyano, al punto de que cuando tienen un problema relacionado con la recolección de residuos lo tratan con el líder camionero.

Walter Martello, legislador bonaerense de la Coalición Cívica, aseguró en un informe que Moyano hace lobby ante los municipios para que le adjudiquen los contratos a Covelia. Moyano responde que defiende a los 3.000 trabajadores de la firma, que son sus afiliados.

Covelia negó oficialmente tener vínculos con Moyano. Depresbiteris, que aparece como su dueño, es un ex chofer convertido en empresario millonario con departamento en Puerto Madero, Mercedes-Benz, Porsche, un yate en Punta del Este y dueño de la mitad de un avión privado. "Después de mi viejo, [Moyano] es el mejor hombre, que quiere a los trabajadores", dijo sobre el gremialista.

El pedido de informes sobre causas en trámite abarca al "entorno familiar próximo a Hugo y Pablo Moyano", de acuerdo con el pedido internacional. El exhorto también hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos onerosos y tratamientos de alto costo de sus afiliados.

Las causas. Moyano está siendo investigado por dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadio, que analizan si la obra social de camioneros estafó al Estado presentando troqueles de medicamentos adulterados. Además, Bonadio, a partir de una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, investiga a Moyano por supuesta administración fraudulenta porque la obra social de camioneros contrata con empresas familiares.

El juez federal Ariel Lijo, por otra parte, analiza si existió lavado de dinero a través de cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de los medicamentos.