La oposición está en medio de una crisis electoral, pero aún así, o tal vez por ello, sus principales candidatos presidenciales suscribieron un enérgico pronunciamiento en el que se comprometen a defender la democracia del "uso indiscriminado del poder" que ejerce el Gobierno, al que responsabilizan de utilizar "los recursos del Estado" para perseguir y amedrentar a quienes no comulgan con su modelo político de gestión.

"Cuidar la democracia es el imperativo de la hora y lo vamos a hacer", reza el documento que suscribieron Ricardo Alfonsín (UCR), Mauricio Macri (Pro), Ernesto Sanz (UCR), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Eduardo Duhalde y Felipe Solá (Peronismo Federal).

Los firmantes aclaran que este escrito no significa el preludio de un acuerdo electoral, sino que sólo lo inspira un objetivo institucional: el respeto por "la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial y el efectivo cumplimiento de los fallos".

"Forma parte de un acuerdo pétreo e inamovible que debe respetarse gobierne quien gobierne la República", es el compromiso común.

Los candidatos presidenciales que decidieron no rubricar este escrito fueron Julio Cobos (por su papel como vicepresidente), el líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, y Alberto Rodríguez Saá (Peronismo Federal). Tampoco lo apoyaron el Partido Socialista y GEN.

La relevancia política e institucional de este documento radica en que, por primera vez, los candidatos opositores decidieron deponer sus diferencias electorales para erigirse ante la sociedad como una valla común ante la sistemática violación de los derechos colectivos e individuales que, a su juicio, ejerce el Gobierno y que se agravó en la última semana.

En efecto, el bloqueo a las plantas impresoras de Clarín y de LA NACION, el domingo pasado; la decisión del Gobierno de incumplir la orden judicial que exige impedir el bloqueo de medios de comunicación; las sanciones oficiales a las consultoras privadas que miden la inflación y el uso sistémico de organismos del Estado -como la AFIP, la Secretaría de Comercio y la SIDE- para amedrentar a políticos, empresarios y periodistas contrarios al Gobierno son, a criterio de los opositores, motivos de suficiente gravedad para emitir este testimonio común.

"Debemos unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad. Los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las consultoras privadas que miden la inflación o cualquier ciudadano no deben ser penalizados por sus ideas o por el desarrollo de actividades lícitas que el Gobierno considera inconvenientes para sus intereses", se asevera en el documento.

"La democracia argentina debe ser cuidada y protegida de acciones de intolerancia, de persecuciones, de señalamientos, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la Constitución, no el poder gobernante", se asevera.