El economista Rafael Correa asumió hoy como el octavo presidente de Ecuador en una década de inestabilidad, jurando ante un Congreso dividido que planea sustituir a través de una Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Carta Política de corte socialista.

Correa, de 43 años, amigo del mandatario venezolano Hugo Chávez, fue investido para un período de cuatro años luego de su triunfo en segunda vuelta sobre el magnate de derecha Alvaro Noboa el 26 de noviembre.

Scioli: "Abre una gran esperanza". El vicepresidente Daniel Scioli consideró hoy que la llegada a la presidencia de Rafael Correa "abre una gran esperanza" y da cuenta del "cambio de época" que vive América Latina, en donde "los valores de la integración y solidaridad" son parte fundamental de los tiempos que se viven en América del Sur.

El vicepresidente, que llegó a la capital ecuatoriana en representación del presidente Néstor Kirchner, dijo a la agencia Télam que existe "gran afinidad con Correa, quien demostró respeto por los avances del gobierno argentino".

Invitados. Al acto de hoy asistió un centenar de delegaciones extranjeras, con una decena de presidentes, entre ellos los de Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, Nicaragua y Uruguay, además del iraní Mahmud Ahmadinejad.

Destituidos. En la última década, ninguno de los tres presidentes elegidos pudo terminar su mandato, presionados por revueltas populares que culminaron con su destitución en el Congreso.

Nuevo modelo. El nuevo jefe de Estado, partidario del nuevo socialismo que impulsa Chávez, promete una "revolución rápida, profunda y radical" que sepulte el modelo neoliberal que, a su juicio, arruinó al primer exportador mundial de banano y quinto productor sudamericano de petróleo.

Correa quiere allanar el camino hacia un nuevo modelo político, económico y social a través de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, que prevé impulsar este mismo lunes mediante la convocatoria a una consulta popular.

El nuevo gobierno preguntará a la ciudadanía sobre una Asamblea que modifique la Carta Política de 1998 sin la autorización del Congreso, un procedimiento ilegal según varios juristas, que promete crispar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.