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23 de abril de 2024
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Reabren investigación por un atentado de Montoneros
Se trata de un ataque con explosivos a un micro de la Policía en septiembre de 1976. El hijo de una víctima pidió que se considere crimen de lesa humanidad
7 de octubre de 2011
El juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, hizo lugar a un reclamo y ordenó reabrir la investigación por un atentando de Montoneros perpetrado en septiembre de 1976, en el cual murieron nueve oficiales de la Policía que venían de hacer un adicional en el estadio de Central y dos civiles.

La resolución judicial responde a la demanda del hijo de una de las víctimas, quien solicitó que el ataque sea considerado como crimen de lesa humanidad, señala el diario local La Capital en su edición de hoy.

El pedido lo formuló Gabriel Amado Alfonso, hijo de Domingo Hipólito Alfonso, uno de los policías asesinados durante aquel ataque perpetrado en 1976, cuando un micro de la fuerza regresaba de prestar servicio de seguridad a un evento deportivo.

Según el matutino rosarino y crónicas de la época, el ataque se produjo el 12 de septiembre. Una bomba instalada en el interior de un vehículo estacionado fue detonada en el preciso momento en que el micro con los oficiales pasaba a su lado, en el cruce de Junín y Rawson. Además de los nueve efectivos, por el ataque fallecieron dos civiles que transitaban por el lugar.

Como consecuencia de la explosión, fallecieron los agentes de policía Edgardo Ferri, Juan Domingo Matiasevich, Domingo Alfonso, Andrés Acosta, Carlos González, José Luis Boggino, Hugo Pellegrina, José María Gutiérrez y Darío Pietrani.

Los civiles fueron identificados como Oscar Ledesma y su esposa Irene Dib. "Durante muchos años se trató de abrir la investigación, pero se rechazaba porque en teoría está prescripto", dijo Carlos Racamato, abogado del demandante.

El letrado aseveró que no hay antecedentes de resoluciones judiciales similares sobre crímenes cometidos por una organización guerrillera y explicó las diferencias con el secuestro y posterior asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure.

Racamato admitió que se trata de "una causa compleja de la cual hay secreto de sumario", aunque destacó la importancia de que se haya decidido "investigar" el hecho. En este marco, el juez Bailaque ordenó al fiscal Marcelo Degiovanni la instrucción de un sumario.