El gobierno inició hoy el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden a la friolera de 70.000 millones de pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician a bancos, aseguradoras, telefonía móvil, aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y transporte.

"La Presidenta lo dijo varias veces durante la campaña electoral. Llegó la hora de pasar el peine fino", aseguró el ministro de Economía, Amado Boudou, al anunciar la puesta en marcha de una comisión que estudiará el destino de los subsidios millonarios a distintos sectores de la economía.

El Gobierno nacional anunció este mediodía que revisará el esquema de subsidios que desde 2003 se aplica a los servicios públicos, para "reducir, eliminar o mantener" algunos de ellos.

El ministro Boudou sostuvo que esta decisión tiene que ver con "el desarrollo argentino y el contexto internaciomal de altísima volatitlidad, que nos permite estar frente a una situación de analizar qué es pertinente cambiar" en el esquema de subsidios.

Con ese fin, comenzará a funcionar una comisión que se encargará de definir cuál será la nueva estructura de subsidios para servicios públicos.

En conferencia de prensa, Boudou destacó que "la política de subsidios ha sido parte del éxito de la economía en los últimos ocho años. Esto le sirvió al país para industrializrse y tener un sistema económico más competitivo. Y además ha servido para incluir a sectores de la población que no contaban con servicios públicos".



La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al Tesoro ahorrar unos 600 millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión representaría al Estado achicar gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en la actualidad todo el esquema de subsidios supera los 70.000 millones.

En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras, aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos. En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000 millones de pesos tal lo prevé el proyecto de Presupuesto.

Si bien el gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el agua y el transporte.

La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005, cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.

En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua, electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.

"Las tarifas no se modificarán. Las tarifas no se tocan", recalcó el ministro de Planificación, Julio de Vido, en al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía, Amado Boudou, en la sede del Palacio de Hacienda. La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezada por el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.

De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen "alta rentabilidad", aunque existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final. La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales, principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de hidrocarburos, minería y derivados. Según estudios privados, los subsidios crecieron por encima del 30 por ciento anual el último quinquenio hasta llegar a un volumen global de 71.925 millones de pesos, en paralelo a una inflación cercana al 25 por ciento anual.

En el primer semestre del año, el sector energético recibió alrededor de 19 mil millones de pesos en concepto de subsidios, mientras que para el transporte la suma alcanzó los 9.500 millones.

El recorte anunciado se trata del primer paso de un extenso proceso con el cual el Gobierno de Cristina Kirchner desmantelará la actual política de subsidios, lanzada en 2003, con el fin de encaminar los fondos a los sectores sociales más necesitados. En 2005, el total de subsidios era de 3.478 pesos; en 2006, llegó a 6.486 millones; en 2007 a 14.562 millones; en 2008 a 28.970 millones; en 2009 a 32.682; en 2010 a 48.032 millones y en 2011 a 71.925 millones, según un informe de la consultora EGES.

"En algunos casos eliminaremos los subsidios, en otros los recortaremos y en otros los sostendremos", explicó Boudou y agregó que los cambios apuntan a que "quienes puedan pagar, que paguen, como quienes viven en Puerto Madero o los countries del Gran Buenos Aires".

El ministro y vicepresidente electo aclaró que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de fondos para impulsar obras importantes como el Gasoducto del NEA, y aseguró que el espíritu de la decisión es lograr mayor equidad y también darle un espaldarazo a la industria, en pos de elevar la competitividad. Boudou dijo que la decisión apunta a fortalecer el "desarrollo argentino" y puntualizó que el contexto internacional de altísima volatilidad, permite de analizar qué es "pertinente cambiar" pasando un "peine fino" para que "no reciba subsidios el que no lo amerite".

No obstante, elogió el ministro las políticas de beneficios fiscales porque son "parte del éxito de la economía en los últimos ocho años, dado que le sirvió al país para industrializarse y tener un sistema económico más competitivo, incluyendo a sectores de la población que no contaban con servicios básicos". "La eliminación del giro de fondos a los sectores mencionados no genera para el usuario ninguna carga extra. Esta etapa es la ideal para avanzar con esto", sostuvo Boudou.