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28 de marzo de 2024
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Brasil promulgó ley que crea Comisión de Verdad
La Comisión impulsada por Rousseff investigará los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1964 a 1985
18 de noviembre de 2011
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puso en vigencia la norma aprobada en octubre pasado por el Parlamento, que crea el organismo que investigará los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura de 1964 a 1985. "No es un proceso de venganza, sino de construcción de la verdad y de la memoria", afirmó la mandataria.

El organismo, sin embargo, no tendrá poder para castigar a los militares beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente de facto, Joao Figueiredo. Durante su discurso, la mandataria enfatizó que la medida "no es un proceso de venganza, sino de construcción de la verdad y de la memoria, para tener un país más justo, más igual y principalmente más democrático".

Rousseff manifestó que el conocimiento de la verdad será fundamental para que no se repitan las torturas, asesinatos y detenciones políticas "que mancharon la historia de Brasil". "La verdad interesa mucho a las nuevas generaciones. Los jóvenes que hoy tienen derecho a la libertad tienen que saber que muchos lucharon y murieron por esa libertad preciosa", dijo la mandataria, que en la década de 1970 fue torturada en los calabozos de la policía política por su militancia en grupos de izquierdas.

El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la "revancha" por parte de los grupos de oposición a la dictadura. Para evitar una crisis con los militares, el texto de la propuesta fue considerablemente atenuado: desaparecieron expresiones como "represión política" y el período a ser investigado fue ampliado para iniciarse en 1946 y terminar en 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.

La comisión estará formada por siete miembros que serán elegidos por la mandataria y tendrá un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos mortales de desaparecidos políticos.