"El riesgo de que estalle Europa nunca fue mayor", advirtió el presidente francés, Nicolas Sarkozy, apenas horas antes de que arranque la crucial cumbre del bloque en Bruselas.

"Europa nunca ha sido tan necesaria ni ha corrido tanto peligro" dijo el mandatario en Marsella. "Nunca hubo tantos países deseosos de ingresar en Europa, (pero) el riesgo de que estalle Europa nunca fue mayor", agregó.

Acosada fuertemente por la crisis financiera, la Unión Europea busca dar "una respuesta sólida, contudente y efectiva" a la crisis, que incluye reforzar sus mecanismos financieros y una unión fiscal entre sus socios, pero algunos países de la UE como Gran Bretaña advierten que vetarán reformas demasiado profundas en la cumbre decisiva que arranca este jueves.

"Necesitamos una respuesta sólida, contundente, creíble y efectiva a los ciudadanos y los mercados", afirmó una portavoz comunitaria ante la cumbre de los 27 países que forman la Unión Europea.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, llamó a los dirigentes de toda la Unión Europea a "hacer todo lo posible para garantizar la irreversibilidad del euro".

"Lanzo un llamado a los jefes de Estado y de gobierno. Hay que hacer todo lo posible para garantizar la irreversibilidad del euro", declaró en Marsella al llegar a una reunión del Partido Popular Europeo.

"En el corazón de la crisis, hay un problema de confianza y de credibilidad. Es la razón por la que queremos que haya una mayor convergencia, mayor disciplina" fiscal, precisó el presidente de la CE, quien además advirtió que la cumbre en Bruselas "es crucial".

Las propuestas que negociarán los líderes incluyen una reforma del Tratado de Lisboa y un endurecimiento del régimen de disciplina fiscal, pero la gran apuesta será poner a punto un fondo de rescate permamente, para evitar el contagio de la crisis de la deuda a los países más amenazados, entre ellos Italia y España, tercera y cuarta economía de los 17 países que adoptaron el euro.

Sin embargo, los 27 líderes deberán acercar sus posiciones y ya algunos países como Gran Bretaña, amenazaron con vetar reformas demasiado profundas que atenten contra los intereses de la city financiera. "Cuanto más pidan los países de la eurozona, más pediremos a cambio", dijo el primer ministro británico David Cameron.

El premier conservador británico, presionado por el ala más euroescéptica de su partido, insistió en que no firmará ningún tratado que implique a los 27 países a menos que contenga garantías para el distrito financiero. "Insistiremos en las salvaguardas para Gran Bretaña", dijo Cameron, que responsabiliza a la zona euro, su principal socio comercial, de los males de la economía británica.

El tiempo apremia y los europeos quieren dar antes de fin de año anuncios alentadores. Pero el acuerdo podría llegar tarde. La agencia de calificación Standard & Poor's advirtió que contempla bajar la nota de solvencia a largo plazo de los seis países de la zona euro con triple A (la máxima), incluídas Alemania y Francia, y la de otros nueve países de la zona.

Una de las ideas que presentará la Comisión Europea (CE) es que el denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad, previsto para suceder al fondo de rescate europeo, tenga las características de una institución de crédito, lo que le permitiría recibir fondos del Banco Central Europeo (BCE).

Para llevar los mecanismos financieros a la máxima potencia, la comisión pretende que funcione en paralelo durante un tiempo con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que redujo su capacidad de intervención desde los 440.000 millones de euros a uno 250.000 millones, tras los rescates a Portugal e Irlanda.

Asi, los 27 países debatirán la reforma de la UE que proponen la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con una "regla de oro" que obligaría a los países de la eurozona a no incurrir en déficits superiores al 3% de su PBI (Producto Bruto Interno). Pero para eso habría que cambiar los tratados, lo que según varios dirigentes europeos llevaría demasiado tiempo.

La comisión propone a cambio un atajo hacia un pacto fiscal, que no necesita la ratificación parlamentaria de cada país, reformando un protocolo del Tratado de Lisboa. Este procedimiento, incluiría la obligación de los Estados de incluir en su Constitución la "regla de oro" para garantizar el equilibrio presupuestario.