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20 de abril de 2024
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Greenpeace: los acusan de "piratas"
Cinco de los 30 activistas detenidos fueron acusados por el gobierno ruso de ese cargo. Confusa situación de los dos argentinos
2 de octubre de 2013
La Justicia rusa acusó formalmente de piratería a cinco de los 30 activistas de Greenpeace que fueron detenidos semanas atrás tras haber realizado una campaña contra una plataforma petrolera en el Ártico, en una acusación que por ahora no incluye a los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, según ese país.

Greenpeace en un comunicado conrirmó esta noticia y especificó que , Ana Paula Alminhana Maciel (Brasil), Kieron Bryan (Gran Bretaña), Siri Saarela (Finlandia), Roman Dolgov (Rusia) y Dmitri Litvinov (sueco-estadounidense) fueron acusados del delito de “piratería en banda organizada”, y en el caso de ser hallados culpables podrían recibir penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Sin embargo, luego en una comunicación con Greenpeace de Argentina , desde esta organización se señaló que "el fiscal del estado ruso acaba de confirmar los cargos de piratería contra Camila Speziale". Sin embargo, no especifica la situación de Pérez Orsi. "Greenpeace considera que estos son extremos y desproporcionados y que suponen un ataque contra el derecho de protesta pacífica. Es de esperar que esta resolución se extienda al resto de los activistas en las próximas horas".

“Las acusaciones de piratería no tienen fundamento y no se apoyan en ninguna prueba”, aseguró Irina Isakova, abogada de la ONG ecologista, al tiempo que indicó que Greenpeace presentará una demanda por las “acciones ilegales” llevadas a cabo por parte de “los investigadores y los órganos judiciales”, ya que –denunció- durante la detención de los 30 ambientalistas se cometieron “irregularidades”.

De esta manera, explica el organización, "la corte también acusó de piratería a la tripulante Ana Paula Alminhana de Brasil, al cámara freelance Kieron Bryan del Reino Unido, los activistas Anthony Perrett del Reino Unido, la finlandesa Sini Saarela, el ruso Roman Dolgov y al sueco-estadounidense Dima Dima Litvinov y un activista ucraniano cuyo nombre se mantiene en reserva a pedido". En caso de ser condenados, podrían recibir penas de entre 10 y 15 años de prisión.