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El Gobierno insiste en pedir renuncias en Casación
Aníbal Fernández volvió a pedirle al titular de la Cámara que renuncie y aseguró que "no hay conflicto de poderes. El Presidente tiene todo el derecho de pedir justicia"
27 de marzo de 2007
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, se convirtió en el abanderado de la embestida oficial contra la Cámara de Casación, acusada de demorar juicios contra represores, luego de las acusaciones del presidente Néstor Kirchner el sábado, en el acto en el que se recordó un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura.

Ayer le pidió la renuncia al titular del cuerpo, y esta mañana insistió con el punto, al tiempo que afirmó que no hay conflicto de poderes en el reclamo presidencial.

"El Presidente tiene el derecho de pedir justicia. No hay conflicto de poderes. Es un Presidente que tiene todo el derecho del mundo de pedir lo que siente y es el juicio y castigo a los represores", planteó Fernández en declaraciones a radio Continental.

En Córdoba, el sábado, el presidente se preguntó: "¿Qué pasa en la Cámara de Casación, donde están parados juicios que deberían estar en marcha?" Aunque el mandatario ya había mostrado una postura similar en otras oportunidades, no había señalado tan directamente a la Cámara.

Un par de días más tarde, el titular de Casación, Alfredo Bisordi, devolvió el guante al afirmar que en cuarenta años "de servicio" en el Poder Judicial, jamás había visto "una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora Presidente de la República".

El dueño de la respuesta fue Fernández, quien ayer ya había pedido que Bisordi "le haga un favor a la patria" y renuncie. Hoy ratificó sus dichos. Y agregó: "Hago un análisis simple. Cuando pone al Presidente por debajo de semejantes criminales hace que diga esto. He dicho una expresión que la sostengo".

Un relevamiento de la Procuración General de la Nación indica que en la Cámara de Casación hay actualmente 193 recursos de apelación planteados por los represores que demoran el inicio de nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Casi la mitad de esos planteos, 93, se encuentran en manos de la Sala IV del tribunal, cuyos integrantes fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Y algunos de esos recursos son de 2004. Es decir, van a cumplir tres años a la espera de una decisión.