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27 de abril de 2024
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Prohíben exhibir un polémico documental
Es “Borrando a papá”, sobre padres divorciados que no pueden ver a sus hijos. Una decisión cautelar de un juez no permite que se vea en cines
23 de octubre de 2014
El documental "Borrando a papá" sigue generando polémica, luego que un juez dispuso que no se siga exhibiendo hasta que se eliminen algunos testimonios, y lo hizo por pedido de tres profesionales que se especializan en violencia de género y familiar y que argumentan haber sido engañadas en su buena fe.

Los productores del documental sostienen que son víctimas de un caso de censura. Quienes se dedican a la violencia de género y a defender los derechos de los chicos dicen que el documental es maniqueo y vulnera derechos. Por eso varias asociaciones intentaron evitar que se estrenara, aunque finalmente se exhibió en dos salas y se puede ver en las redes sociales.

Son cinco historias de padres separados de sus hijos por causas judiciales en las que se investigan abusos hacia los niños. Los hombres dicen que es un gran negocio y un “lavado de cerebro” por parte de las madres. Todo en el marco de divorcios conflictivos, que a veces vienen acompañados por denuncias previas de violencia.

Ahora, el juez civil Guillermo Blanch ordenó que se eliminen de la película parte de los testimonios de la psiquiatra María Cristina Ravazzola y las trabajadoras sociales Susana Tesone e Hilda Radrizzani, que también es psicóloga.

Además, pidió que “se abstengan de cualquier transmisión y/o retransmisión de imágenes y/o videos sin su consentimiento”.

La productora emitió un comunicado: “En un hecho de censura repudiable en un estado democrático la resolución de prohibición, que había sido apelada por nuestro representante legal por ser violatoria de los derechos consagrados en nuestra constitución nacional de libertad de prensa, libertad de información y de la sociedad toda de ser informada, apelación que fue desoída por el magistrado”.

En este marco, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, dijo que cree que se trata de un caso de censura: “Está prohibido prohibir. Lo dice la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y tratados internacionales de Derechos Humanos. Estas profesionales deberían presentar pruebas de que fueron engañadas en su buena fe”.