El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, responsabilizó hoy al gobierno porteño de haber realizado operaciones por medio millón de pesos con una empresa que se dedicaría a emitir facturas apócrifas, vinculada con el "Caso Skanska".

Lo hizo durante una escandalosa sesión en la Cámara de Diputados, sin la presencia de las bancadas de la oposición y tras rechazar que el Gobierno nacional esté vinculado con ese caso en el que se investiga un presunto pago de coimas.

Los legisladores que se fueron del recinto tenían pensado utilizar ese caso judicial como una de sus principales armas en su embestida contra la gestión del gobierno del presidente Néstor Kirchner, pero Fernández tenía preparado un contraataque pesado:
una imputación contra Jorge Telerman.

Fernández indicó que le llegó un aviso "anónimo" que le permitió establecer que la empresa Soul Group -a la que vinculó con la compañía Infinity- emitió cinco facturas correlativas a nombre del gobierno porteño, por presuntos servicios en materia
publicitaria.

También apuntó contra Elisa Carrió, aliada de Telerman en la ciudad, al afirmar que "sería bueno que quienes suscriben el contrato moral revisen lo que hacen sus socios porque han dicho que el caso Skanska iba a ser el tsunami del Gobierno nacional, y
ahora es el tsumani de su socio".

"Quienes juzgan las conductas del Gobierno Nacional no van a encontrarnos una factura de ese tipo", añadió Fernández.

Sobre el caso Skanska, Fernández remarcó que "en ningún lugar aparece un vínculo claro entre el Gobierno nacional e Infinity", empresa investigada por la presunta venta de facturas apócrifas, y que "se puede suponer que esas facturas pueden ser para pagar
coimas entre empresas privadas".

Consideró que hubo "una operación de la oposición para mostrar a la sociedad que estamos frente a un gobierno corrupto", y aseguró que "si hay alguien acusado de cohecho en el Gobierno lo vamos a echar de inmediato".

"Si en la causa apareciera tal información Kirchner lo echaría en el acto", remarcó Fernández.

Asimismo, el jefe de Gabinete negó que haya presiones contra los jueces que intervienen en este caso, y sostuvo que, por el contrario "contarán con todo el apoyo del Gobierno nacional, que hizo esta denuncia para que se conozcan quiénes son los responsables".

El funcionario agregó que "hace días" que viene escuchando "que el Gobierno nacional tiene claramente una responsabilidad definida, cuando nadie detectó absolutamente nada".

Dijo que esas facturas fueron detectadas en un allanamiento realizado a fines del año pasado, pero que "durmieron en el despachos del juez (Javier) López Biscayart".

Respecto de la obra de ampliación de un gasoducto a cargo de Skanska, indicó que el Gobierno "no aceptó aumentar las tarifas del gas a los consumidores, como muchos pedían", para financiar la ampliación de un gasoducto a cargo de Skanska.

Y sostuvo que en cambio se creó un fideicomiso, y que "la única" responsabilidad del Gobierno fue solamente administrarlo, a través del Banco Nación.