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19 de abril de 2024
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Taxistas en pie de guerra: la Justicia legitima a Uber
Un juez rechazó la denuncia presentada por el sindicato de taxistas contra la novedosa modalidad de transporte. Venía habiendo hechos de violencia
25 de octubre de 2016
En un golpe al poderoso sindicato de taxistas conducido por el controversial Omar Viviani, el juez de instrucción Luis Zelaya rechazó la denuncia presentada por ese gremio contra la modalidad de transporte de pasajeros Uber, por considerar que no es delito.

Para el magistrado, Uber -un servicio polémico de vehículos particulares que opera a través de internet pero de gran éxito en Estados Unidos, Europa y países latinoamericanos como Chile- este sistema se trata de un "entuerto netamente comercial". El juez sostuvo que los conductores que se adhieren a la aplicación Uber cumplen una "actividad comercial lícita", si bien podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.

Así, en línea con lo sostenido por el fiscal Jorge Ballestrero, el juez desestimó la denuncia por "inexistencia de delito" hecha por el gremio de los taxistas contra 33 conductores de Uber por los delitos de "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita".

La decisión promete desatar nuevas protestas de los taxistas -que ya cortaron el tránsito en varias oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires-, un gremio de alto voltaje que suele ser cuestionado por prácticas controversiales, como las famosas "paradas" en puntos neurálgicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se impide levantar pasajeros a todo conductor que no forme parte del grupo y abone el correspondiente canon.

Esto ocurre en centros de alto tránsito de pasajeros como Retiro, Aeroparque, el Hipódromo de Parlermo, San Telmo, hoteles 5 estrellas, shoppings y otras zonas estratégicas de la Ciudad, en un sistema denunciado como cuasi mafioso por los propios taxistas independientes que han sufrido hechos de violencia en diferentes oportunidades.

"No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios", sostuvo Zelaya en su fallo.