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29 de marzo de 2024
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Caso Skanska: acusan a Alberto Fernández de "encubrimiento"
Un abogado pidió que se investigue al jefe de Gabinete por "no haber denunciado la defraudación tributaria en la que había incurrido el Gobierno porteño"
2 de mayo de 2007
Las derivaciones y complicaciones por el caso Skanska no cesan.

La novedad del día es que el abogado Ricardo Monner Sans pidió a la Justicia federal que investigue si el jefe de gabinete, Alberto Fernández, incurrió en el delito de "encubrimiento" por no denunciar ante los tribunales una supuesta defraudación tributaria presuntamente cometida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que Monner Sans enmarcó su denuncia en las expresiones del jefe de gabinete ante el Congreso, durante su último informe periódico, el 18 de abril.

Allí, refiriéndose al "Caso Skanska", Fernández habría deslizado que una de las empresas investigadas por presuntas "facturas truchas", denominada "Infiniti" controla a otra firma, "Soul Group", y que a través de ésta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió durante 2006 "cinco órdenes de publicidad falsas".

"El Jefe de Gabinete considera que, con lo que ha comprobado en función de su exposición pública, pudo afirmar que el Gobierno de la Ciudad ha defraudado a los contribuyentes", resumió el denunciante.

"He aguardado conocer si Alberto Fernández puso en manos del Poder Judicial la denuncia correspondiente, porque a ello está obligado.

Las investigaciones desplegadas en los tribunales federales señalan que Fernández no ha puesto el tema en manos del Poder Judicial ni tampoco ha ordenado a su equipo jurídico que, en nombre de él, así lo hiciera", añadió.

En razón de esa omisión de denuncia en que podría haber incurrido el jefe de gabinete, Monner Sans pidió que se lo investigara por el presunto delito de "encubrimiento".

La causa recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini, con intervención del fiscal Oscar Amirante.

El artículo 277 del Código Penal establece penas de entre uno y seis años de prisión para el funcionario público que "no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole".