La Argentina pidió hoy a pedir al Tribunal Internacional de La Haya que se pronuncie en su favor y le exija a Uruguay que suspenda la construcción de las papeleras que se están levantando en la ciudad de Fray Bentos, ante "el riesgo de un daño irreversible".

En la primera audiencia ante la Corte Internacional por la cuestión de las papeleras, las encargadas de exponer la posición argentina fueron la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Romina Picolotti, y la directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti.

Según lo indicado por integrantes de la delegación argentina y por agencias internacionales de noticias, Picolotti sostuvo que "este es un grito desesperado en defensa del río Uruguay", en cuyas orillas se están construyendo las papeleras.

En su alocución, dijo que esas plantas de pasta de celulosa provocarán daños "irreversibles" al medio ambiente de la región, además de afectar seriamente a la gente que vive en la zona y a la fauna.

"Afirmo ante este Tribunal que es urgente pronunciarse a favor de las medidas cautelares. Ante el riesgo de un daño irreversible, no podemos limitarnos únicamente a reparar los daños", dijo Picolotti.

El equipo argentino realizó durante tres horas su primer alegato ante el plenario de los jueces del Tribunal de La Haya, dependiente de la ONU, en el marco de la medida cautelar presentada por la Argentina para que se detenga la construcción de las papeleras, mientras se sustancia el proceso por la supuesta contaminación que podrían causar al Río Uruguay.

Por su parte, la fiscal de Estado y representante de Entre Ríos en La Haya, Claudia Mizawak, explicó esta mañana que la argumentación de la Argentina ante el alto Tribunal "giró sobre la violación del Estatuto del Río Uruguay que privó a la Argentina de participar de esta decisión de instalar las plantas".

"Sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable", advirtió a los jueces el francés Alain Pellet, el último de la tanda de profesores en derecho internacional que defendieron las demandas argentinas en la sala grande de audiencias de la Corte.

El jurista británico Philippe Sands insistió en la idea de que el Estatuto establece un "régimen común" para la explotación del mismo, que obliga a cada una de las partes a "notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte a la calidad de sus aguas".

"Dado que Argentina ha rechazado repetidas veces este proyecto, Uruguay no está legitimado para hacer ninguna obra en absoluto", sostuvo.

Por su parte, Marcelo Kohen, profesor de la Universidad de Ginebra, consideró que la suspensión judicial de las obras "es la única opción posible" para preservar los derechos de las partes y la propia competencia de la Corte Internacional en la materia, ya que su construcción definitiva haría el agravio irreversible.

Añadió que la suspensión cautelar es "materialmente viable" dado que los trabajos de construcción se encuentran aún "en una fase temprana" y que "la opción de reubicar las fábricas" como fórmula para arreglar la disputa "no puede descartarse".

Alain Pellet, de la Universidad de París X-Nanterre, defendió que se dan las condiciones jurídicas para que este tribunal decrete una suspensión cautelar de las obras: competencia de la Corte Internacional en el caso y riesgo "grave de daños irreparables".

"La construcción causa ya daños y su eventual puesta en marcha agravaría la situación", dijo Pellet, que advirtió a los jueces de que la apertura de las fábricas -prevista para mediados 2007, en el caso de la de Botnia, y en 2008, en el de Ence- "llegará antes de que ustedes hayan dictado sentencia, por muy rápido que vayan".

Por su parte, el Gobierno uruguayo advirtió que la suspensión cautelar de la construcción de las dos plantas papeleras tendría efectos "catastróficos".

El embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, que encabeza la delegación de su país en la primera vista oral del litigio, aseguró a los jueces que los trabajos de construcción de las plantas no representan "ninguna amenaza actual, ni inminente, de causar daños, con carácter irreversible" en el medioambiente.

En cambio, aseguró que la suspensión de las obras -solicitada por Argentina como medida cautelar hasta que diriman el fondo del litigio- "sería un acto de extrema gravedad", al dejar en el aire inversiones por valor de u$s1.800 millones en Uruguay.

"Afectaría de forma grave e injustificada, de manera catastrófica, al derecho de Uruguay de instalar industrias modernas y necesarias para su desarrollo", subrayó Gros Espiell.

Ante los jueces de la CIJ, el embajador explicó que Uruguay "posee una larga tradición de respeto al derecho internacional", al tiempo que es "un ejemplo en materia de protección de medio ambiente" -citó estudios que lo situaban en cabeza del ránking mundial junto con Finlandia y Noruega-.