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19 de abril de 2024
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También en el Gobierno porteño
La medida fue ordenada por el juez Luis Zelaya, tras la denuncia presentada por el diputado nacional Miguel Bonasso por supuestas maniobras con facturas de publicidad
9 de mayo de 2007
El juez de instrucción Luis Zelaya allanó hoy dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras una denuncia por supuesto cobro de coimas a través de
una empresa también investigada en el denominado "caso Skanska".

Fuentes judiciales indicaron que el magistrado ordenó los procedimientos para secuestrar documentación que respalde la denuncia presentada el lunes pasado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso.

En su presentación judicial Bonasso pidió que se investigue la conducta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, del secretario de prensa del Gobierno porteño, Oscar Feito, del legislador Diego Santilli y del empresario Sergio Mastropietro.

Los voceros indicaron que el juez dispuso los procedimientos con el fin de tomar contacto con documentación que pueda ser de interés para la investigación pero no trascendió el resultado del procedimiento porque la causa se encuentra en "secreto de
sumario".

Esta es una de las derivaciones de la causa denominada Skanska que investigan otros dos magistrados: el del fuero federal Guillermo Montenegro, a cargo de la pesquisa por un presunto pago de coimas a privados o funcionarios y el del penal tributario,
Javier López Biscayart, que trata de determinar si hubo evasión impositiva por parte de empresas.

En la denuncia, Bonasso aeguró que "con el fin de obtener retornos de dinero público el legislador porteño Diego Santilli armó con Sergio Mastropietro una sociedad comercial que en realidad es un sello de goma. Su nombre es Sol Group SA".

Según se indicó en la presentación, la firma fue armada "en agosto de 2004", "nunca tuvo empleados y nunca presentó balance alguno ante la Inspección General de Justicia".

Sol Group sería intermediaria con la productora Ideas del Sur, propiedad del conductor Marcelo Tinelli, y el 20 de julio de 2006 habría emitido tres facturas por 300 mil pesos por publicidad emitida en tres programas realizados por esa productora.

Sin embargo, según Bonasso, sólo uno de los programa irradió la publicidad estatal por lo que pidió al juez que disponga "las medidas de las medidas pertinentes para hacer esa verificación con la certeza que el caso requiere".