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26 de abril de 2024
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La Haya comienza a analizar las presentaciones por las papeleras
Luego de los alegatos realizados por Argentina y por Uruguay, la Corte Internacional podría expedirse antes del 15 de julio aunque podría tardar hasta tres meses
12 de junio de 2006
La Corte Internacional de La Haya comenzará hoy a analizar los fundamentos de las presentaciones realizadas por Argentina y Uruguay en marco del conflicto por la instalación de las papeleras en Fray Bentos.

Los quince miembros del tribunal podría expedirse antes del 15 de julio, aunque el tribunal tiene en lo formal un plazo de tres meses, lo haría previamente al inicio del período de receso.

Respecto de la medida cautelar de suspender por 90 días la construcción de las plantas de ENCE y Botnia, haciendo lugar al planteo argentino en relación con el daño "irreparable" que provocará el funcionamiento de las pasteras y a la "violación del Tratado del Río Uruguay" suscripto en 1975.

El contraataque del viernes pasado sirvió para que los integrantes de ese máximo tribunal pudieran reunir finalmente todos los elementos y documentación que permitirán determinar el futuro de la controversia entre la Argentina y Uruguay.

Los letrados de la parte demandante reafirmaron en La Haya que Uruguay no ha realizado un estudio de impacto ambiental adecuado ni consultado a su país vecino antes de aprobar las dos fábricas de papel que los enfrentan, y que su construcción debe -entonces- ser suspendida mediante una medida cautelar.

Otra opción, aseguran los expertos argentinos, es que el tribunal dicte una medida provisional a modo de "salida intermedia" al conflicto, ordenando a Uruguay a profundizar los estudios de impacto acumulado mientras analiza el planteo de fondo, la hipótesis de máxima: que las papeleras no puedan se construidas.

La directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, que encabezó la delegación integrada por 17 expertos en medio ambiente, concluyó su exposición el viernes pidiendo a los jueces la suspensión cautelar de las obras, al considerar que "ya se ha demostrado que Uruguay no respetó la obligación de mantener consultas bilaterales establecidas en el Tratado de 1975, pese a que se había comprometido a ello".