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23 de abril de 2024
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Juan Carlos I paga más de 4 M de euros a la Hacienda española
corresponde a los ocho millones de euros en vuelos privados que el ex jefe de Estado recibió de una fundación dirigida por un primo suyo
26 de febrero de 2021
El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria para regularizar rentas no declaradas durante varios ejercicios fiscales (2009-2018), que en total suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, según ha adelantado este viernes el diario El País, que cita a fuentes conocedoras de la operación.

Los 4.395.901,96 euros recientemente entregados al fisco corresponden a las obligaciones tributarias derivadas de la recepción de ochos millones de euros en vuelos operados por una compañía de jets privados, pagados por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, un primo lejano de Juan Carlos I.

La Agencia Tributaria considera que el disfrute de estos vuelos constituye un pago en especie, por lo que el exmonarca debería haberlo declarado y haber abonado a Hacienda la parte correspondiente, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El exjefe de Estado tendrá que aclarar también cuál es el origen del dinero con el que ha efectuado el pago de estos más de cuatro millones de euros.

Un comunicado difundido hoy por Javier Sánchez-Junco Mans, abogado de Juan Carlos I, da cuenta de esta última regularización fiscal y hace hincapié en que se ha presentado "sin requerimiento previo", que la cantidad abonada ya incluye "intereses de demora y recargos" y que efectivamente "se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios" disfrutados por el exmonarca.

La anunciada este viernes es la segunda regularización fiscal acometida por el exjefe de Estado, que ya abonó el pasado mes de diciembre 678.393 euros, en pago de una deuda tributaria correspondiente al periodo 2016 - 2018, posterior a su abdicación, y en el que por lo tanto ya no gozaba de la inviolabilidad que la constitución Española otorga al rey del país.

El pago implicaba que Juan Carlos I admitía el fraude, pero le evitaba convertirse en autor de un delito fiscal, por reparar la cantidad debida antes de que le fuese comunicada la apertura de una investigación al respecto.