La ley 2.359, que obliga a los constructores a presentar certificados de las empresas de servicios públicos que garanticen que las obras nuevas no afectarán la prestación de luz, gas, agua y cloacas a los otros vecinos, comenzará a regir recién el 1º de julio del año que viene.

Así lo dispuso el Gobierno porteño, dando a los desarrolladores inmobiliarios un año de gracia para presentar sus proyectos sin los nuevos requisitos.

La norma, resistida por los constructores, busca ordenar los reclamos vecinales, que incluso habían llegado a la Justicia. Sólo faltaba promulgarla. Y aquí apareció el problema.

El Ejecutivo la promulgó el lunes 23. Pero en vez de decir que el requisito de los certificados corría desde ahora, dispuso que regirá desde el 1º de julio de 2008.

"Es lo que plantea el Código de Edificación. Cada modificación que se le haga debe correr desde el 1º de julio del año siguiente. Es lo que marca la ley y lo que siempre se hizo, no hubo una interpretación distorsiva", afirmó Gabriela Stortoni, directora Legal y Técnica del Ministerio de Obras Públicas.

En los hechos, los desarrolladores podrán presentar sus proyectos sin conseguir los certificados hasta julio de 2008, y por lo tanto sin una constancia de que sus obras no perjudicarán al resto del barrio.