Municipales de Avellaneda lograron revertir el cierre de su obra social
La justicia les dio la razón luego de que el exsuperintendente Salud intentara liquidarla
6 de julio de 2025
La orden de cierre de la OSPMA, una institución que funciona, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constituye una historia de arbitrariedades, aprietes y doble vara.
Este jueves 3 de julio el Juzgado Federal de Quilmes falló de manera favorable al pedido de medida cautelar de acción de amparo, presentado por el STM después del multitudinario abrazo solidario realizado por las trabajadoras y los trabajadores y la renuncia del Superintendente de Salud, Gabriel Oriolo, que había firmado la resolución que ordenaba la liquidación de la obra social apenas una semana antes.
“De esta manera, queda sin efecto la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación que intentaba iniciar el proceso de baja de nuestra Obra Social. También nuestros equipos técnicos tomaron contacto con las nuevas autoridades de la Superintendencia a fin de acercar información probablemente mal direccionada por el sistema TAD (Trámites a Distancia) y evacuar dudas”, explica el comunicado difundido por el sindicato, a la vez que desmiente versiones infundadas sobre problemas financieros.
La SSS es la autoridad de aplicación de obras sociales y prepagas, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente en cabeza de Mario Lugones.
Antecedentes
El primer capítulo de esta saga lo constituye la orden emitida por la SSS a las autoridades de la obra social, que las obligaba a liquidar su patrimonio y darla de baja, sin dar ninguna razón valedera para ello, más que su cantidad de afiliados (alrededor de cinco mil). En las planillas de cálculo de los funcionarios (al menos, de los salientes), cualquier obra social con menos de diez mil afiliados es inviable, aunque la realidad los contradiga.
Días después de esa resolución, una multitud compuesta por trabajadores y sus familias se reunió para abrazar la sede de la Obra Social del Personal de la Municipalidad de Avellaneda (OSPMA), ubicada en la calle Laprida de la localidad de Crucecita de ese partido, en defensa de la institución, el derecho a la salud y la continuidad de tratamientos de todo tipo que la obra social garantiza.
Desde la obra social, agregan que se declararon en crisis en 2020, porque ese paso era condición necesaria para recibir los Aportes al Trabajo y la Producción (ATP), que el gobierno de Alberto Fernández implementó como medida contracíclica durante la pandemia global de coronavirus. Pero desde hace años se encuentra al día tanto en materia de sueldos como de pagos a proveedores y prestadores y tampoco registra quejas de usuarios, por lo que no existen motivos reales que justifiquen la drástica medida, que consideran «curiosa» y «llamativa».
«Nuestra obra social no se encuentra tercerizada, está administrada directamente por los trabajadores, por eso no hay ninguna empresa con poder de lobby defendiendo su negocio. La nuestra es una Obra Social de los trabajadores, manejada por los trabajadores y que le da servicio a los trabajadores», advirtieron.
Horas después de la masiva concentración se conoció la renuncia del funcionario que había firmado la polémica orden, el superintendente de Salud, Gabriel Oriolo, que en casi dieciocho meses de gestión ya había ordenado las intervenciones de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF). En reemplazo de Oriolo fue designado el Dr. Claudio Stivelman que, a diferencia de Oriolo, es hombre de confianza del ministro desde hace años.
La mayor parte de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires tienen la cobertura de IOMA, a través de una serie de convenios firmados por los municipios, que tienen rango de ley. La obra social propia de Avellaneda es una excepción.
Doble vara
En las últimas semanas se registraron conflictos sindicales por salario y condiciones de trabajo en clínicas emblemáticas del sector de las prepagas, como la Clínica Olivos, perteneciente al Swiss Medical Group (SMG) de Claudio Belocopitt y el sanatorio La Trinidad, de la empresa Galeno, propiedad de Julio Fraomeni.
Sin embargo, ni esto ni las críticas apenas solapadas de profesionales, trabajadores y competidores más pequeños a sus prácticas comerciales, motivaron la intervención de Oriolo, que llegó al puesto que ahora abandona a instancias de un acuerdo entre el ministro Mario Lugones (Grupo Güemes, Enrique “Coti” Nosiglia) y Belocopitt.
En el ámbito de la salud, es un secreto a voces que el SMG financia su impresionante expansión de los últimos tiempos difiriendo y minimizando salarios y honorarios, según fuentes del sistema de salud. Esa práctica lo llevó a ocupar una posición dominante de mercado que no resistiría el filtro de cualquier ley antimonopolios de un país desarrollado.