La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Mieli de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que eliminó el artículo 44 y señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por tener una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas de familia.

Previo a cerrar la reunión, Bullrich dijo que el dictamen tenía “amplia mayoría” en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres, de Mendoza Alfredo Cornejo, de Corrientes Juan Pablo Valdés, de San Juan Marcelo Orrego, de Neuquén Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

Si bien se eliminó ese artículo se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, rebaja aportes patronales para incentivar la toma de empleo, y limita el derecho de huelga en lo que considera “servicios esenciales”