El oficialismo consiguió quórum en el Senado, con 37 legisladores, e intentará sancionar la Ley de Inocencia Fiscal II.

Además votarán los pliegos de tres jueces y transferencias de competencias a CABA.

La Libertad Avanza tuvo que resignar el tratamiento de la reforma del Banco Central (BCRA) por pedido de los bloques dialoguistas.
Los proyectos de ley de Inocencia Fiscal II y de Biocombustibles se tratarán este jueves 17 de septiembre en el Senado, desde las 11.

El Gobierno buscará convertir en ley las modificaciones en el régimen que apunta a facilitar el uso de los dólares del colchón.

Con respecto a la iniciativa sobre biocombustibles, el oficialismo intentará darle media sanción a los cambios del esquema vigente de cortes para el bioetanol y el biodiésel.

A finales de agosto, el proyecto de Inocencia Fiscal II obtuvo media sanción en Diputados con 139 votos a favor y 110 en contra.

El texto oficial elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias, flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, reduce las multas y excluye a los funcionarios públicos de los beneficios del esquema.

El Senado debatirá las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón y facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado. Este jueves, el recinto podría convertirlo en ley.

La iniciativa elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

En el anterior régimen, se establecían como límites ingresos anuales de hasta $1000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.

Además, reduce un 25% las multas para personas humanas y pymes que adhieran al esquema.

También se flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, que se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%, con un piso de $5 millones.

La propuesta excluye de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones.