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23 de abril de 2024
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Montoya quiere que se agilicen los juicios de ejecución
El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense alentó la creación de prosecretarías tributarias en cada juzgado
26 de junio de 2006
El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, alentó la creación de prosecretarías especializadas en temas tributarios en cada juzgado contencioso para agilizar los juicios de ejecución a morosos.

La propuesta de Montoya es hasta tanto se pongan en marcha los tribunales que se crearon para juzgar a morosos de deudas impositivas en la provincia de Buenos Aires.

Es que el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires reclama ahora por los tribunales que se crearon para juzgar a morosos.

Su creación se dispuso a fines de diciembre pasado y formaron parte del paquete de iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo que apuntaron a combatir la evasión y mejorar la recaudación en la Provincia.

Sin embargo, a seis meses de ese trámite, los juzgados que, según lo argumentado oficialmente, iban a "contribuir fuertemente a acelerar los trámites para que el fisco bonaerense pudiera cobrar deudas impositivas", aún no se pusieron en marcha, de acuerdo con lo indicado hoy por el diario El Día de esta ciudad.

Por eso, para agilizar los juicios de ejecución sobre morosos se decidió crear en los juzgados contenciosos áreas "especiales para Rentas".

Ocurre que mientras Rentas persigue a quienes no pagan, la herramienta que se pensó para ejecutar a los que persisten en mantenerse en situación irregular con el fisco, sigue aguardando una decisión política y, seguramente, presupuestaria para finalmente arrancar, se señaló.

Se trata de los juzgados de Ejecución Tributaria que se especializarían, como su nombre lo indica, en abordar los juicios que la Provincia le inicia a los contribuyentes reticentes a pagar. Ahora esa función la ejercen los juzgados Contencioso Administrativos, pero esos tribunales también abordan miles de otras causas de todo tipo, aunque siempre relacionadas con los pleitos que se generan entre el Estado provincial y los ciudadanos bonaerenses.