Una medida impositiva lanzada por el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, puso en alerta a las empresas de la Provincia de Buenos Aires, porque consideran que les complicará su operatoria y perjudicará a miles de pymes cuyos costos se encarecerán.

Dirigentes de la Cámara de Comercio, la UIA, Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la COPAL (alimenticias), entre otras entidades, se reunieron en la semana con la ministra de la Producción bonaerense, Débora Giorgi, para alertar sobre las consecuencias negativas del nuevo régimen de retención de Ingresos
Brutos que pretende aplicar Montoya, y explicar cómo puede perjudicar al sector productivo.

Los empresarios apuntaron contra la controversial resolución 49/2007 de la Dirección Provincial de Rentas, por la cual las compañías que son agentes de retención de sus proveedores además serán obligadas a actuar como "ejecutores de embargos" de deudores
del Fisco provincial.

"Esa es una obligación del Fisco cuya carga no puede ser trasladada a las compañías", le dijeron los representantes de las cámaras fabriles a Giorgi, en el encuentro.

Como respuesta, el gobierno bonaerense ordenó prorrogar hasta el próximo 24 de septiembre próximo la aplicación de embargos por parte de agentes de retención, e impulsar modificaciones sobre la normativa para complicar lo menos posible la operatoria del aparato productivo.

Además, se estableció la conformación de una "comisión de trabajo para consensuar la forma operativa" de aplicación de esa norma, que volverá a reunirse este lunes por la tarde en la sede porteña del Ministerio de la Producción bonaerense, ante la
urgencia planteada por las compañías.

Las cámaras empresarias, a pedido de sus asociados, también alertaron a Giorgi que esta nueva medida obligará a realizar cambios de software e introducirá nuevos costos operativos muy difíciles de solventar para miles de pymes.

Por ahora, se acordó que de la norma quedarán excluidas la aplicación de remuneraciones en relación de dependencia, y los pagos efectuados mediante transferencia electrónica y los inferiores a 1.000 pesos.

Montoya, quien cree que podrá obtener una recaudación adicional de unos 1.000 millones de pesos anuales a partir de esta medida, insistió en su convicción de implementar el sistema más allá de las observaciones jurídicas y de practicidad operativa planteadas
por el sector empresario, lo cual generó malestar entre las compañías.