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El Episcopado acusó al Gobierno de "matar"
Dice que jueces y autoridades "asesinaron" al permitir el aborto de una joven discapacitada mental que fue violada. El artículo 86 del Código Penal lo autoriza para esos casos
27 de septiembre de 2007
El Secretariado Nacional para la Familia acusó al gobierno de «matar» tras la interrupción del embarazo practicado en Mar del Plata a una joven discapacitada y violada, según lo establece el artículo 86 del Código Penal.
Ese aborto fue practicado gracias a la intervención del ministro de Salud, Ginés González García, un viejo enemigo de la Iglesia Católica que ordenó trasladar a la joven desde Entre Ríos hasta Mar del Plata porque los médicos mesopotámicos se negaban a practicar la intervención quirúrgica.
González García indicó que la interrupción del embarazo de la chica violada fue decidida sobre la base de «una doctrina que ya fue ratificada por la Corte Suprema y que, en este caso, había sido seguida por la Justicia de Entre Ríos». Pero el Episcopado comandado por Bergoglio arremetió esta vez sin metáforas contra el kirchnerismo y aseguró que «matar es inhumano, y cuando quien mata es el gobierno, pierde toda credibilidad y también muere la democracia».
El Secretariado para la Familia depende de la Comisión Episcopal de Laicos que preside Rubén Martínez, obispo de Posadas cercano al obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña. Sin aclarar si llevarán el tema a la Justicia o no, el Episcopado se despachó contra el gobierno de Néstor Kirchner con una acusación de homicidio.
Textualmente, aseguraron que «las autoridades públicas» nacionales y provinciales « intervinieron en el asesinato de un niño por nacer», al permitir el aborto.
Pero, además, la máxima autoridad católica de la Argentina acusó de «prevaricato» a los jueces del Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos que autorizaron la intervención y advirtieron que «aún no se inició el proceso de destitución de los firmantes de ese fallo inicuo».