La aceleración de la suba del costo de vida hizo que cada vez más propietarios impulsen algún sistema de actualización de los alquileres para protegerse de los efectos de la inflación.

La modalidad del alquiler escalonado incluye una cláusula por la cual el propietario y el inquilino pactan de antemano un aumento predeterminado del monto a pagar. Por ejemplo, acuerdan para el primer año un alquiler mensual de $ 1000, que a partir del mes 13 se eleva a $ 1200, con lo cual en el contrato figura un monto para los dos años de duración del convenio de $ 26.400 (es decir, $ 12.000 correspondientes a los primeros 12 meses, y $ 14.400 por los segundos).

"Lo que hizo el mercado fue incorporar de facto una estrategia para actualizar el valor de los alquileres y, por lo general, lo que se pacta es un aumento de entre 15 y 20% para el segundo año", explica José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario.

Las inmobiliarias sostienen que este mecanismo es legal y no cae dentro de las prohibiciones fijadas por la ley de emergencia económica, que determina que "en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa".

"La indexación de los alquileres está totalmente prohibida, pero los escalonados son diferentes, porque se fija una suma en forma anticipada y lo único que varía es la forma en que se reparte ese monto en las cuotas, lo que es completamente legal", explica Carlos Sotelo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Esta visión, que tiene la mayoría de las inmobiliarias, sin embargo, no es compartida por el Gobierno, y el propio secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se encargó repetidas veces en los últimos meses de recordar que los alquileres escalonados están prohibidos por ley, ya que constituyen una forma velada de indexación.